El sector empresarial propuso elevar el salario mínimo inicial a 240 dólares y reformar la LOTTT para atraer inversiones, mientras que las centrales sindicales rechazaron estas iniciativas y exigieron que los bonos tengan incidencia total en las prestaciones sociales
El debate sobre las condiciones laborales y salariales en el país continúa en el centro de la agenda económica. Representantes del sector empresarial, liderados por Fedecámaras, e integrantes de diversas centrales sindicales han expuesto sus posiciones respecto al ingreso de los trabajadores, la inflación y las posibles modificaciones a la legislación laboral.
Propuesta del sector empresarial
Desde marzo de 2022, el salario mínimo legal se ha mantenido congelado en 130 bolívares (equivalente a unos pocos centavos de dólar). Frente a esto, el Ejecutivo ha optado por otorgar incrementos mediante bonos que no inciden directamente en las prestaciones sociales.
Al respecto, Celso Fantinel, tesorero de Fedecámaras, planteó la necesidad de realizar aumentos progresivos y propuso que, en una primera etapa, el ingreso mínimo legal se eleve a 240 dólares. Esta cifra representa el promedios que actualmente abona el sector privado a sus empleados.
Fantinel argumentó que para lograr la recuperación del poder adquisitivo, el país debe reducir la inflación a cifras de un solo dígito. Asimismo, señaló la urgencia de modernizar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), al considerar que el régimen actual de inamovilidad y prestaciones desestimula la productividad.
Postura de los sindicatos y «falso diálogo»
Por su parte, sectores sindicales agrupados en la Confederación General de Trabajadores (CGT), Unete, Codesa y CUTV han expresado sus reservas frente a las propuestas empresariales e institucionales.
José Vicente Rivero, secretario ejecutivo de la CGT, calificó las mesas de trabajo actuales como un «falso diálogo» y criticó la política de otorgar «ingresos mínimos vitales» sin incidencia en el salario. Los representantes de los trabajadores exigen que los bonos entregados tanto en el sector público como en el privado tengan un impacto del 100% en las prestaciones sociales.
Adicionalmente, las centrales sindicales rechazaron tajantemente las intenciones de eliminar la inamovilidad laboral o modificar la retroactividad de las prestaciones, advirtiendo que esto afectaría significativamente las indemnizaciones de los trabajadores con más años de servicio.
Versión Final
