El DHS indicó que el detenido ingresó ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera de Texas en marzo de 2024
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), confirmó que el hombre arrestado por agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca, tras ser encontrado con varias armas de fuego y municiones en un vehículo robado, es un ciudadano venezolano que habría manifestado su intención de asesinar al presidente Donald Trump.
La información fue proporcionada por el DHS a Fox News, que identificó al detenido como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, arrestado la noche del jueves en Constitution Avenue, en las inmediaciones de la sede presidencial, en Washington D. C.
Según el relato oficial, los agentes del Servicio Secreto observaron al individuo mientras permanecía en un vehículo y mostraba un comportamiento sospechoso. Al aproximarse para interrogarlo, el hombre habría manifestado que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar a Washington para matar al mandatario estadounidense.
Durante la inspección del automóvil, los funcionarios encontraron un rifle estilo AR-15, una pistola Mac 10, una Glock 43X y municiones. Las autoridades también determinaron que el vehículo había sido reportado como robado.
Guanipa Chrinos fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, entre ellos porte ilegal de armas de fuego, transporte de armamento sin autorización, posesión de armas y municiones no registradas, posesión de armas peligrosas, porte de una pistola sin licencia, robo y recepción de propiedad robada.
El DHS indicó que el detenido ingresó ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera de Texas en marzo de 2024 y fue liberado posteriormente en territorio estadounidense durante la administración del expresidente Joe Biden.
Asimismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solicitó que se mantenga bajo custodia migratoria. Actualmente, el venezolano permanece detenido por los US Marshals mientras avanzan los procedimientos judiciales correspondientes.
El caso quedó en manos de las autoridades federales, que deberán determinar las responsabilidades penales del detenido y continuar con los procedimientos migratorios correspondientes.
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