*** Con esta acción formal, el gremio docente solicita al órgano jurisdiccional tutelar los derechos constitucionales de la comunidad universitaria, restablecer la legalidad estatutaria violada por la administración central y garantizar el retorno a un modelo de cogobierno participativo que permita renovar los liderazgos académicos en Barinas y sus vicerrectorados regionales.
(Kathiuska Francis Marín).- La Junta Directiva de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora» (APUNELLEZ), en representación de la comunidad académica, acudió ante el Juzgado Superior de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Barinas para interponer formalmente una Demanda por Abstención o Carencia en contra de las autoridades rectorales transitorias de la institución y del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
La acción judicial, encabezada por el presidente de APUNELLEZ, Prof. Junior José Abreu Gallardo, con la asistencia jurídica de los abogados Freddy Duque Ramírez y Ángeles Vivas González, busca poner fin a más de dos décadas de intervención tutelar. El recurso exige que el tribunal ordene a los organismos competentes la inmediata apertura, convocatoria y fijación del cronograma electoral interno para restituir la autogestión democrática en la casa de estudios.
El conflicto jurídico tiene sus raíces en las medidas administrativas dictadas entre los años 2001 y 2002, cuando mediante Resoluciones Ministeriales emitidas en las Gacetas Oficiales N° 37.218 y N° 37.541, el Ejecutivo Nacional intervino la UNELLEZ y suspendió indefinidamente los procesos electorales. De acuerdo con el escrito presentado, la figura de la «transitoriedad» —concebida como una medida temporal de excepción— fue desnaturalizada al perpetuarse de forma ininterrumpida durante casi un cuarto de siglo.
La representación profesoral argumentó que la actual gestión rectoral y el Ministerio incurren en una conducta omisiva e ilícita de carácter continuado. El libelo fundamenta que el Artículo 60 del propio Reglamento General de la UNELLEZ establece de manera expresa que las autoridades nombradas por el Ejecutivo deben ser, de forma vinculante, los candidatos que resulten victoriosos en las urnas bajo votación comunitaria y ponderada.
En el plano constitucional y doctrinal, la demanda denuncia severos vicios de nulidad absoluta en el esquema de designaciones directas aplicado desde el año 2001. Entre las infracciones señaladas destacan la violación del principio de legalidad, la desviación de poder mediante la aplicación arbitraria de cláusulas reglamentarias para «casos no previstos», y la prescindencia total del debido proceso constitucional (Art. 49 CRBV) al destituir e imponer autoridades sin expedientes sustanciados.
Asimismo, el escrito legal fundamenta que las intervenciones unilaterales desde el despacho ministerial invadieron y usurparon las competencias atribuidas por la Ley de Universidades al Consejo Nacional de Universidades (CNU), único órgano colegiado con potestades para evaluar medidas de esta naturaleza. La demanda respalda esta postura apoyándose en jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como en la doctrina de reconocidos administrativistas nacionales.
Con esta acción formal, el gremio docente solicita al órgano jurisdiccional tutelar los derechos constitucionales de la comunidad universitaria, restablecer la legalidad estatutaria violada por la administración central y garantizar el retorno a un modelo de cogobierno participativo que permita renovar los liderazgos académicos en Barinas y sus vicerrectorados regionales.
