El líder chavista pondrá a prueba este miércoles la reticencia de tribunales en EE. UU. a aplicar el derecho internacional en casos penales
(Caracas, sep 1/LV).- Nicolás Maduro está dispuesto a poner a prueba precedentes de argumentos de presuntas violaciones del derecho internacional o de las obligaciones contraídas en virtud de tratados cuando presentará este miércoles 2 de septiembre unas mociones argumentando que su caso penal por narcotráfico debería ser desestimado.
Su abogado, Barry Pollack, afirmó que el líder chavista goza de inmunidad judicial como jefe de Estado soberano y planteó interrogantes sobre su captura por parte del ejército estadounidense durante una incursión el 3 de enero en Caracas.
Se enfrenta a una ardua tarea para convencer al juez de distrito Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, en Nueva York, a pesar de que el derecho internacional generalmente protege a los jefes de Estado en ejercicio de ser procesados en los tribunales de otros países.
Si bien los casos penales en Estados Unidos que involucran a jefes de Estado extranjeros o personas capturadas por la fuerza en el extranjero son extremadamente raros, los casos anteriores que guardan similitudes con el de Maduro no le son favorables, según declararon a Reuters seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal.
La decisión de Hellerstein dependería de si Maduro era realmente jefe de Estado. Los tribunales estadounidenses suelen respetar la autoridad del presidente y su gabinete en las disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero, y EE. UU. no ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019.
“En los pocos casos en que esto ha surgido —y han sido muy pocos y distantes entre sí— los tribunales han tomado esencialmente la decisión del poder ejecutivo de presentar cargos como una determinación de no inmunidad”, dijo Chimène Keitner, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis, y ex abogada del Departamento de Estado.
Los jueces también han sostenido sistemáticamente que los acusados en casos penales pueden ser procesados incluso si fueron traídos ilegalmente a EE. UU.
