Pasaportes negados, bienes confiscados, medidas cautelares eternas y expedientes abiertos convierten la justicia en un mecanismo de castigo pol\u00edtico silencioso.
(Caracas, abr 26 \/ EN).Apenas dos meses despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de la Ley de Amnist\u00eda para la Convivencia Democr\u00e1tica, ha llegado a su fin, tal y como lo ha comunicado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodr\u00edguez. Si bien es cierto que los presos pol\u00edticos han estado en el centro de la conversaci\u00f3n, en este periplo hay otro grupo de personas olvidadas que no han recibido respuesta de las autoridades a m\u00faltiples casos relacionados con causas pol\u00edticas. Se estima que unas 30.000 personas siguen siendo v\u00edctimas directas del r\u00e9gimen chavista con causas sin resolver, muchas de ellas silenciosas y no visibilizadas.<\/p>\n\n\n\n
Durante a\u00f1os, los organismos dependientes del r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro intensificaron las herramientas de control y represalia pol\u00edtica contra ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, con medidas como impedimentos de salida del pa\u00eds, prohibiciones de entrada, retenci\u00f3n de pasaportes, negaci\u00f3n de documentaci\u00f3n, incautaciones de bienes y restricciones en el ejercicio profesional, por nombrar algunos.<\/p>\n\n\n\n
Expertos en derechos humanos aseguran que se trata de una estrategia de silenciamiento y represi\u00f3n que afecta principalmente a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas pol\u00edticos, lo que supera con creces el n\u00famero de v\u00edctimas relacionadas directamente con causas pol\u00edticas. Esta t\u00e1ctica se identifica \u201ccomo una herramienta m\u00e1s dentro de las utilizadas por el Estado para aleccionar y silenciar a voces percibidas como disidentes\u201d, seg\u00fan indica el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en su \u00faltimo informe de abril de 2025 sobre la anulaci\u00f3n de pasaportes a venezolanos.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el n\u00famero de afectados, diferentes ONG aseguran que la opacidad judicial y la dificultad para acceder a los expedientes impiden el seguimiento de los casos, con lo que la cifra es referencial.<\/p>\n\n\n\n
El abogado penalista y experto en derechos humanos, Alonso Medina Roa, asegura que es \u201cimposible precisar el n\u00famero de afectados porque hay personas vinculadas en todo el territorio nacional\u201d y afirma que esta situaci\u00f3n es \u201cotra forma de represi\u00f3n\u201d que \u201cno se enfoca \u00fanica y exclusivamente en las personas que han sido privadas de la libertad\u201d. \u201cHay una diversidad de acciones represivas en contra de los venezolanos, como incautaci\u00f3n de bienes, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, restricciones en el ejercicio profesional; en fin, cada una de esas acciones genera un impacto negativo y traum\u00e1tico en la sociedad\u201d, agrega en entrevista con El Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Para Medina Roa, \u201cla masificaci\u00f3n de las medidas judiciales cautelares ha tenido un impacto importante en la restricci\u00f3n de los derechos fundamentales de miles de venezolanos; en su mayor\u00eda, cada una de esas medidas se ha dictado con la carencia de fundamentos de derechos, inspiradas en su mayor\u00eda en causas pol\u00edticas y forma de persecuci\u00f3n\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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