Canciller de Chile:Tenemos el derecho y obligación de cumplir la ley

Andrés Allamand destacó que en la actualidad hay más de 500.000 venezolanos en Chile y que la mayoría ha regularizado su situación migratoria durante el gobierno de Sebastián Piñera

(Santiago, feb 14/EN).- El canciller de Chile, Andrés Allamand, rompió su silencio sobre la reciente expulsión de un grupo de migrantes venezolanos y aseguró que su país está en la obligación y en el derecho de hacer cumplir sus leyes.

En una entrevista ofrecida al diario El Mercurio, el funcionario reconoció que el tema de la migración es complejo para ambos países y reveló que Julio Borges y Leopoldo López, como representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, lo contactaron por teléfono para conocer el motivo de la expulsión.

“A las autoridades de la oposición venezolana siempre les hemos dicho que Chile tiene el derecho y la obligación de cumplir la ley“, expresó Allamand.

El canciller destacó que en la actualidad hay más de 500.000 venezolanos en Chile y que la mayoría ha regularizado su situación migratoria durante el gobierno de Sebastián Piñera.

“Hemos otorgado, y seguimos haciéndolo, más de 75.000 visas de responsabilidad democrática, y ahora impulsamos un programa que incentiva la reunificación familiar. Son expresiones concretas de solidaridad”, agregó.

Señaló que su reciente viaje a Colchane, epicentro de la crisis migratoria, tuvo como objetivo evaluar cuál es la situación que afecta a las comunidades por este fenómeno de migración ilegal que se dan a través de pasos clandestinos o no autorizados, “y dejar en claro que, a partir del actual gobierno, se acabó el ‘chipe libre’ en materia migratoria”.

Indicó que Chile se encuentra aplicando tres fases para el proceso de migración: antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera.

Explicó que la primera etapa consta de coordinaciones políticas y policiales para la desarticulación de bandas de tráfico de personas, así como para informar sobre el estado de la realidad migratoria.

El segundo paso comprende el despliegue del cuerpo de Carabineros, la Policía de Investigación y las Fuerzas Armadas.

En cuanto al último paso, dijo: “Queríamos entregar una señal clara de que las personas que infringen la legislación e ingresan al país por pasos no autorizados pueden ser objeto de sanciones, siendo la más severa la expulsión”.

Expulsión
Manifestó que intendentes regionales poseen la potestad de expulsar a las personas que entran de manera clandestina, respaldados por la ley y el reglamento de Extranjería.

“Las normas son muy antiguas –1975 y 1984– y todos los gobiernos las han utilizado, dependiendo de su voluntad política. Chile es apreciado por el cumplimiento de las normas que se autoimpone. El que exista claridad de que se cumplirán es particularmente importante. De lo contrario, se genera un incentivo perverso que implica atraer aún más migración ilegal”, expresó.

Sobre los overoles blancos que debieron usar los migrantes al momento de ser expulsados de Chile, afirmó Amalland que fue una decisión de la PDI que respondía a protocolos sanitarios.

Con respecto a las denuncias del alcalde de Colchane de que no hubo contacto ni con él ni con la comunidad sobre el proceso de expulsión, el titular de la cartera respondió: “Efectivamente, resultó muy compleja la coordinación de las actividades. Aunque me consta que de parte del gobierno central y regional se intentó efectuar, no hubo comunicaciones previas con el alcalde. Estos problemas los atribuyeron a la situación de tensión que se genera en las localidades“. e