El atacante de Cristina Kirchner se negó a declarar ante la justicia

El arma incautada a Fernando Sabag Montiel, de 35 años de edad, es una Bersa calibre 32 automática que en su base posee numeración parcial 250, apta para el disparo, de acuerdo al Ministerio de Seguridad

El hombre acusado de intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se negó a declarar este viernes al ser indagado por la jueza y el fiscal de la causa, según confirmaron a Efe fuentes policiales.

Fernando Sabag Montiel se negó a prestar declaración ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación, quienes se habían trasladado antes de las 21:00 (0:00 GMT) hasta la dependencia policial donde se encuentra detenido.

El hombre fue detenido en la noche del jueves tras apuntar con un arma a la vicepresidenta y gatillar, sin que saliera el disparo, en momentos en que Cristina Kirchner regresaba a su apartamento y saludara a sus seguidores que, desde el 22 de agosto, instalaron una vigilia en su domicilio.

No cuenta con antecedentes penales en Brasil

El detenido es un hombre de nacionalidad brasileña, de 35 años de edad, que no cuenta con antecedentes penales en su país de origen. El arma incautada al sospechoso es una Bersa calibre 32 automática que en su base posee numeración parcial 250, apta para el disparo, de acuerdo al Ministerio de Seguridad.

La magistrada titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 había acudido a la vivienda de Cristina Fernández a las 11:00 (14:00 GMT) y permaneció en su interior aproximadamente una hora, luego de haber inspeccionado la zona en las primeras horas de la mañana.

Antes de acudir al domicilio de la expresidenta, la jueza y los fiscales responsables de la causa también tomaron declaración a los testigos del ataque.

El ataque a Cristina Fernández se dio en un contexto de fuerte tensión política entre el oficialismo y la oposición, que ha crecido desde que el lunes de la semana pasada un fiscal solicitara una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta en el marco del juicio oral al que es sometida por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su gobierno.

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