VARIEDADES:

Elecciones de Nicaragua serán «una farsa», reitera Estados Unidos

Mientras, familiares de líderes opositores y aspirantes a la Presidencia que están encarcelados denunciaron abusos y exigieron su liberación inmediata.

El gobierno de Estados Unidos aseguró el jueves (14.10.2021) que las elecciones generales del 7 de noviembre en Nicaragua serán un «farsa» y han perdido «toda credibilidad» por las maniobras «autócratas» del presidente, Daniel Ortega.

Así lo indicó en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al apuntar a la prohibición de presentarse a los comicios a los líderes opositores. «El proceso electoral ha perdido toda credibilidad», afirmó.

Para el portavoz norteamericano, cuyo gobierno ha impuesto sanciones económicas a altos funcionarios y a varios hijos del mandatario, es «ya una conclusión inevitable que Ortega se asegurará de que las elecciones de noviembre sean una farsa, y que se proclamará a sí mismo victorioso».

Nicaragua celebrará elecciones presidenciales en medio de una ola de arrestos que ha llevado a prisión a 37 líderes opositores, entre ellos aspirantes presidenciales, empresarios y periodistas, por delitos como traición a la patria y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Ortega, que el 11 de noviembre cumplirá 76 años, buscará su tercera reelección consecutiva, para un cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Exigen libertad de opositores presos

Mientras, familiares de opositores nicaragüenses encarcelados denunciaron en rueda de prensa virtual que sus parientes sufren «violaciones de derechos humanos, malos tratos y torturas” y exigieron al gobierno su inmediata liberación.

«Nuestra demanda está basada en la liberación de nuestros familiares que están siendo procesados por crímenes que no cometieron, en abierta violación a las leyes de Nicaragua y al derecho internacional”, afirmó Berta Valle, esposa del aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga.

Los familiares dijeron en un comunicado que durante cuatro meses sólo han podido visitar a los reos en dos ocasiones, la última de ellas esta semana, en las que el gobierno autorizó encuentros de dos horas de duración «en condiciones restrictivas y arbitrarias”.

Entre las violaciones de derechos humanos señalaron que sus causas judiciales no aparecen reflejadas en el sistema del Poder Judicial, no se les ha permitido reunirse con sus defensores y «se continúan practicando interrogatorios en ausencia de sus abogados”.

Dijeron que en la segunda visita notaron «un incremento exponencial» de la presencia policial. Muchos sufrimos revisiones físicas humillantes que incluyeron el registro de nuestra ropa interior y el despojo de objetos de uso personal como lentes de ver, alcohol de mano y fotografías de seres queridos enfermos y menores de edad”.

También dijeron que el estado de salud de los detenidos es precario y que muchos tienen problemas de ansiedad. La mayoría «sigue perdiendo peso y sufriendo de debilidad extrema, consecuencia de una mala nutrición”, indicó el comunicado.

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