Guatemala: arresto domiciliario a expresidenciable Sandra Torres por corrupción

La también exprimera dama lleva cuatro meses en prisión preventiva, pero de ese periodo ha permanecido 83 días internada en sanatorios por presuntos problemas de salud.

La excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala,  saldrá de prisión y pasará a arresto domiciliario, informó una fuente judicial.

La jueza Eva Recinos indicó en la judicatura de la capital que la política estará en arresto domiciliario porque cambiaron las condiciones que motivaron su detención.

Torres, de 63 años, fue detenida el 2 de setiembre en su residencia, en la periferia de la Ciudad de Guatemala, luego de que el 11 de agosto perdió el balotaje presidencial, frente al médico derechista Alejandro Giammattei.

Según la Fiscalía, la excandidata de la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está acusada por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

Sin embargo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) cuestionó la decisión de otorgarle ese beneficio, al estimar que Torres podría obstaculizar la investigación del caso porque podría reunirse en su residencia con los testigos que fueron sus subordinados e influenciarlos. 

Torres está detenida en la base militar Mariscal Zavala de la capital, acondicionada como cárcel para presos de alto impacto. Para salir deberá pagar una fianza de más de 100.000 dólares y solo podrá movilizarse en el departamento de Guatemala, donde está la capital.

«Le doy gracias y confió en Dios y confío en la Justicia. No le debo nada a nadie», dijo Torres a periodistas luego de conocer el fallo. En febrero de 2019, la Feci pidió retirar los fueros de Torres para investigarla tras revelar que unos 2,5 millones de dólares no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015.

En ese año, al igual que en 2019, Torres fue candidata presidencial de UNE, que había llevado al poder a su exesposo, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para competir a la primera magistratura. Los fondos fueron entregados al partido por dos empresas guatemaltecas pero nunca fueron ingresados en los reportes al Tribunal Supremo de Elecciones.

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