Cidh exhorta a Maduro abstenerse de aprobar Ley de Cooperación Internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideran que si la ley se aprueba podría restringir la labor de las organizaciones no gubernamentales
 
(Caracas, Jun 9/EP).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) pide al gobierno de Nicolás Maduro abstenerse de aprobar la Ley de Cooperación Internacional porque consideran que, de implementarse, podría generar restricciones en la labor de las organizaciones no gubernamentales.

Así lo solicitaron este miércoles, 8 de junio, en una nota publicada en la página web de la Cidh, en la que resaltan que les preocupa el lenguaje ambiguo de este anteproyecto de ley, por lo que las autoridades podrían hacerse una interpretación subjetiva, sobre todo, si las actividades realizadas por las organizaciones son contrarias a los intereses del Estado.

Este anteproyecto estipula la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones que directa o indirectamente promuevan o participen con otras asociaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra el gobierno venezolano.

La Cidh recalca que «el derecho a recibir financiamiento en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos está protegido por la libertad de asociación».

Además, explicó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Declaración sobre Defensores, ha señalado que es legítima la «recolección de donaciones y contribuciones de organizaciones gubernamentales e intergubernamentales extranjeras por parte de individuos, grupos e instituciones dedicadas a la promoción y protección de derechos humanos».


Registro obligatorio de organizaciones


La Cidh y la Rele también resaltan el hecho de que se contemple la creación de un sistema de registro de estas organizaciones, cuya inscripción es obligatoria. Ante esta posibilidad, señalan que la libertad de asociación (libertad de unirse y formar asociaciones) debe garantizarse sin intervención o presiones de autoridades públicas que limiten, entorpezcan o alteren el ejercicio de este derecho.


Por otro lado, les preocupa que si se aprueba dicha ley, cualquier persona podrá solicitar información sobre el financiamiento de las organizaciones, algo que considera, podría afectar la confidencialidad que requieren las ONG con relación a las causas que promueven.

El proyecto de ley mencionado se encuentra actualmente en proceso de discusión en la Asamblea Nacional electa en 2020. Diferentes ONG han lanzado su rechazo ante esta posible ley y aseguran que no es para defender los derechos humanos y que, por el contrario, busca silenciar a estas organizaciones.

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