Jesús María Casal: «No puede haber reforma judicial sin independencia del TSJ»

Para el decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, la reforma aprobada por la Asamblea oficialista otorga un mayor poder al Parlamento.

(Caracas, Feb 14/Ee).- A pocos días de la entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -aprobada el 19 de enero por el Parlamento de mayoría oficialista-, sigue en pie la discusión sobre la pertinencia y el valor de esta modificación para lograr mejoras en la administración de justicia y garantizar la independencia del Poder Judicial.

 A propósito, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal, ofreció sus observaciones.

Para Jesús María Casal, la reducción del número de magistrados en el TSJ, de 32 a 20, es un aspecto importante de la reforma. Sin embargo, advirtió que, al permitir la reelección de los actuales, se incumple el artículo 264 de la Constitución. Este establece que “los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años”.

“La revisión del número de magistrados sirve de fachada para una aparente renovación del TSJ. No obstante, hay una disposición según la cual los actuales magistrados, cuyo período no se haya vencido, pueden postularse y ser electos nuevamente. Esto viola la normativa constitucional sobre la imposibilidad de reelegir a los magistrados», expresó en una entrevista en el periódico El Ucabista.

Citó un ejemplo: a un magistrado al que le faltan tres años para culminar su período podrá postularse y, seguramente pretenderá comenzar desde cero, en un nuevo período de 12 años. Esto es inconstitucional. «La Carta Magna dispone que los magistrados solamente pueden ser elegidos para un único período de esa longitud”, aseveró Casal.

Ahora se eligen más fácil


El profesor también indicó que el proyecto aprobado el 19 de enero suprimió lineamientos establecidos en la primera versión de la reforma, que imposibilitaba la designación de los magistrados por mayoría simple, lo cual garantizaba el máximo consenso posible.

“A pesar de que en la primera versión del proyecto que se presentó en primera discusión había avances, como haber reconocido que los magistrados debían ser electos por una mayoría calificada de la Asamblea y 2/3 partes de sus integrantes, la reforma aprobada en segunda discusión mantiene una regulación inconsistente con las exigencias de independencia judicial. Si después de tres oportunidades no se logran los 2/3, entonces se procede a elegir a los magistrados por mayoría simple”.

Sala Constitucional con facultades limitadas


Uno de los aspectos que también le preocupa al decano de Derecho de la UCAB tiene que ver con las limitaciones que la reforma impuso a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el papel que le da al Parlamento como «órgano supremo sobre la constitucionalidad de las leyes».

Para Jesús María Casal, esto dificulta que el TSJ “pueda ejercer con autonomía sus facultades constitucionales de controlar las leyes y controlar al propio Poder Legislativo”.

«La reforma incluye una disposición según la cual la Sala Constitucional no podrá modificar el contenido de las leyes y deberá limitarse a enviar a la AN las interpretaciones que impliquen algún tipo de alteración de las leyes, para que la AN decida al respecto. Esto no corresponde al esquema constitucional de control de constitucionalidad de las leyes, en el cual la sala Constitucional puede dictar sentencias interpretativas sobre el contenido de las normas y no debe esta facultad estar supeditada a lo que diga el Parlamento, que es el órgano controlado».

Control político no resuelto


El docente con 34 años de experiencia recalcó que, según el artículo 270 de la Carta Magna, el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial y no del Poder Legislativo, como deja ver la nueva reforma.

“Aunque ahora no se dice expresamente que el Comité de Postulaciones estará adscrito como órgano asesor de la Asamblea Nacional, en su integración se establece que la mayoría de los miembros, 11 de un total de 21, serán diputados a la Asamblea Nacional. La ley anterior del TSJ mantenía también una correlación similar de 6 diputados y 5 representantes de la sociedad civil. Pero ahora son 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil”, expuso.

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