Lacava demandó al padre Alfredo Infante y a Marino Alvarado de Provea por difamación

Tras la presentación del informe, defensores de los derechos humanos pidieron a las autoridades venezolanas a investigar a los presuntos responsables de ejecuciones arbitrarias, donde figura el gobernador de Carabobo

Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, demandó por difamación al párroco de La Vega el padre jesuita Alfredo Infante, así como a Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

La situación se dio luego de que la semana pasada, durante la presentación del informe anual de Provea, se mostraran datos de ejecuciones arbitrarias por los cuerpos policiales, donde el estado Carabobo figura con los índices más altos.

Asimismo, luego de presentar el informe, defensores de los derechos humanos pidieron a las autoridades venezolanas a investigar a los presuntos responsables. Entre ellos a los superiores de la policía estadal, como es el gobernador Lacava.

Lacava rechazó estos datos accionando con una demanda penal por Difamación Agravada Continuada prevista en el artículo 442 del Código Penal.

«Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, demanda por ‘difamación’ al coordinador legal de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante (coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla), tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales», informó la ONG Provea en su cuenta en Twitter.

El mensaje fue acompañado de un video en el que Alvarado, uno de los demandados, indicó que la notificación fue recibida el día de hoy por parte de un tribunal penal de Carabobo, indica EFE.

«Supuestamente, lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», señaló Alvarado.

Apuntó que esta demanda es «la consecuencia» de ser exigentes en materia de derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos.

Al respecto, insistió en que «pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad» en hechos de violación a garantías fundamentales y rechazó que estén acusando a Lacava de algún hecho.

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