ONG registró en enero 99 ataques a defensores de DD. HH.

El CDJ señala como responsables a una amplia red del Estado, que involucra personas, medios y organismos de seguridad y justicia

(Caracas, feb 23/EP).- .- El más reciente informe del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) revela que en enero se registraron 99 ataques contra otras ONG y defensores de derechos humanos.


En el estudio Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, presentado este 23 de febrero, la ONG sostiene que esos ataques revelan la forma sistemática de los patrones de agresión por el Estado contra grupos y personas defensores de los derechos básicos de aquellos que no los tiene.

“El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar las acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Defender derechos humanos y la acción humanitaria no es delito”, sostiene la ONG en su informe.

En detalle, se registraron 54 casos de estigmatización; 16 de intimidación y hostigamiento; 9 de amenazas; 6 de detenciones arbitrarias; 5 de judicialización; 3 de allanamientos y 1 de ataques digitales, así como 5 que no fueron identificados por la ONG.

Además, aclaran que 59 de los ataques (60%) se dirigieron a organizaciones de derechos humanos y ONG que realizan labores humanitarias, y otros 40 (40%) fueron contra personas e individuos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos.

La ONG destaca las agresiones cometidas contra los miembros de Azul Positivo, las amenazas contra los miembros de PROVEA, así como los constantes señalamientos contra diversas organizaciones como Transparencia Venezuela, Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Centro Justicia y Paz, Éxodo A.C, Foro Penal y Provita.

Sobre los  ataques y agresiones, señalan como responsables a una amplia estructura del Estado, que involucra a altos funcionarios del gobierno de Maduro y personas asociadas al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), instituciones como el Dgcim o las FAES, así como medios de comunicación tradicionales y digitales (a través del Sistema Nacional de Medios Públicos) que sirvieron para promover campañas de desprestigio.

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