Provea documenta 472 ejecuciones entre enero y marzo a manos Policía y Faes

(Caracas, May 20/CD).- La ONG Provea, junto al equipo de monitoreo de violencia policial Lupa por la Vida y el Centro Gumilla, registraron 472 supuestas ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad en Venezuela durante los tres primeros meses del año.

Según el conteo, enero fue el mes más violento con 228 casos. El más sangriento fue el procedimiento policial que tuvo lugar el 8 de enero en La Vega, que dejó al menos 23 muertes por presunta resistencia a la autoridad.

El municipio Libertador fue el que más presuntas ejecuciones registró en la capital durante enero, con 33 víctimas.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), según el registro de Provea, fue el que realizó más presuntas ejecuciones, con 65, durante el primer trimestre del año.

La Fuerza de Acciones Especiales (Faes), grupo comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), registró un descenso con «solo» 56 actuaciones durante el primer trimestre del año.

Para Provea, el Estado ha buscado «relevar» un cuerpo policial con otro, sustituyendo a la Faes por el Cicpc. «Se trata de un cambio de cara visible de las actuaciones letales, cambiando un organismo por otro».

«La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país como Zulia y la región central. Durante estos tres primeros meses del año asesinaron a 109 y 107 personas, respectivamente, según la investigación de Lupa por la vida.  Entre las dos entidades se ubica el 45.76% de los casos. Luego le sigue el estado Aragua con 47 víctimas», reseñó Provea.


Según Provea, el patrón de la mayoría de las víctimas sigue siendo el mismo: jóvenes entre 18 y 30 años, habitantes de las barriadas populares

«Entre los datos recopilados sobre en qué partes del cuerpo recibieron las víctimas los disparos de armas de fuego, las regiones del tórax y de la cara fueron las más perjudicadas».

Impunidad como respuesta


Provea resaltó que la mayoría de los casos muestra una ausencia de investigación y castigo a los culpables, justificando el trabajo «que vienen realizando la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, y la Corte Penal Internacional».

«Desde Lupa por la Vida un proyecto integrado por el Centro Gumilla y Provea continuaremos visibilizando la grave situación de la violencia militar y policial en Venezuela, contribuyendo con los reclamos de verdad y justicia de los familiares de las víctimas».

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