VARIEDADES:

Solórzano: “De Maduro para abajo nadie se va a poder escapar de la justicia”

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de 2015, espera que los países que aún respaldan a Nicolás Maduro vean la situación venezolana con otros ojos luego de la decisión de la CPI de investigar formalmente al Estado por delitos de lesa humanidad


(Caracas, nov 07/EN).- “Venezuela garantiza la justicia”. Esa fue la respuesta de Nicolás Maduro al firmar esta semana la carta de entendimiento con la Corte Penal Internacional (CPI), encabezada por el fiscal Karim Khan, que da inicio a una investigación formal del tribunal contra el Estado venezolano por delitos de lesa humanidad.

Visiblemente inconforme, Maduro aceptó a regañadientes este nuevo golpe a sus intentos de recuperar la legitimidad en el escenario internacional y ahora enfrentará este episodio inédito en América Latina en el que deberá demostrar que su sistema de justicia puede con el peso de esta decisión.

Esta nueva fase de investigación se abre con el caso Venezuela, cuyo examen preliminar arrancó en 2018 y recoge los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017 por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad.

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, y quien ha estado detrás del impulso a la investigación representando a más de 200 víctimas, habló con El Tiempo.

—Venezuela es el primer país de América Latina que pasa a fase de investigación en la CPI. ¿Qué significa esto?

—Gran parte de lo que pasa hoy en Venezuela se debe a que hubo líderes en el mundo que escucharon el clamor y la voz de las víctimas de derechos humanos. Uno de ellos fue el presidente Iván Duque, que instó para que avanzara la apertura de la investigación a tal punto que finalmente ocurrió.

Este es sin duda alguna un rayito de luz y de esperanza para todos los que son víctimas de torturas, porque en este momento no han cesado los crímenes de lesa humanidad en nuestro país.

—Hay casos como el del capitán Caguaripano, cuyos testículos fueron cocidos en carne viva, o el capitán Acosta Arévalo, que luego de una golpiza llegó casi muerto a la audiencia. ¿Hubo algún detonante para que el fiscal Khan diera este paso y no sucediera como en Colombia, que se cerró el examen preliminar?


—En primer término, no son comparables el caso de Colombia y el caso de Venezuela. La investigación del caso colombiano se abre porque los grupos irregulares venían actuando en contra de la población civil y con base en distintas sentencias, que determinan la responsabilidad del Estado, se abrió el proceso en la CPI.

Es un proceso que ha tenido muchísimos años, pero el Estado colombiano ha demostrado que, en efecto, es garante de derechos humanos y que se ha dedicado en ese caso concreto a proteger a las víctimas.

Ahora, en Venezuela había un temor de que ocurriera lo mismo y se cerrara. Yo siento que más que un detonante, hubo varios aspectos que son sumamente relevantes. El examen preliminar se abre en 2018, en tiempos coincidentes con el asesinato de Óscar Pérez y los héroes de El Junquito. 

En ese momento, desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional abrimos la investigación, logramos demostrar que desde la cadena de mando se dio la orden hacia los mandos inferiores para cometer ese crimen de asesinato, como está establecido en el Estatuto de Roma, pudimos evidenciar con pruebas que incluso pretendieron cremar los cadáveres y consignamos ante la CPI todas las pruebas de lo que había ocurrido. Luego llega el asesinato del concejal Fernando Albán y también logramos llevarlo casi de inmediato.

Lo que quiero decir es que en el caso de Venezuela, las víctimas han estado muy organizadas durante las más de dos décadas que han sufrido la violación de derechos humanos por parte directa del Estado.

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