*** De acuerdo con la denuncia respaldada por material audiovisual y documentación legal, la ciudadana Daniela Andreina Toro Fandillo, asistida por la abogada Cecilia Guerra, ejecutó un desalojo arbitrario sin orden judicial ni la intervención de un tribunal competente, violentando las cerraduras del domicilio para tomar posesión por la fuerza y dejar los enseres de la familia afectados a la intemperie.
(Kathiuska Francis Marín).-La ciudadana Daniela flores, vecinos y afectados realizaron una denuncia pública formal ante las autoridades competentes del estado Barinas por el grave atropello, abuso de poder y presunto tráfico de influencias cometido en contra de los legítimos inquilinos de un inmueble ubicado en el Barrio Primero de Diciembre, tercera etapa, calle 8.
De acuerdo con la denuncia respaldada por material audiovisual y documentación legal, la ciudadana Daniela Andreina Toro Fandillo, asistida por la abogada Cecilia Guerra, ejecutó un desalojo arbitrario sin orden judicial ni la intervención de un tribunal competente, violentando las cerraduras del domicilio para tomar posesión por la fuerza y dejar los enseres de la familia afectados a la intemperie.
Un “Modus Operandi” de estafa continuada
Los afectados señalaron que esta situación tipifica un presunto ilícito penal de estafa continuada, ya que el inmueble en cuestión es propiedad legal de la señora Liseth Ramírez, quien adquirió formalmente la vivienda mediante un documento público debidamente notariado hace seis años.
Sin embargo, los denunciantes alertaron que la ciudadana Daniela Andreina Toro Fandillo ha incurrido de manera reiterada en la venta del mismo inmueble a distintos compradores, para luego, tras un tiempo determinado, irrumpir de forma ilegal en la propiedad, cambiar cerraduras y alegar una falsa titularidad.
Vulneración de derechos y hostigamiento
La familia afectada, que incluye a un trabajador de latonería y pintura cuyos documentos y herramientas de trabajo quedaron retenidos dentro de la vivienda, lleva varios días durmiendo en la calle a consecuencia de la acción arbitraria. Asimismo, denunciaron haber sido víctimas de amedrentamiento policial y cortes selectivos de servicios básicos que ocasionaron la pérdida de alimentos y bienes personales.
Durante la protesta, trascendió que la parte señalada presuntamente ha intentado amedrentar a los vecinos utilizando influencias familiares con figuras políticas de la región para evadir la acción de la justicia.
Ante la vulneración flagrante del Derecho a la Propiedad Privada consagrado en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 545 del Código Civil, los denunciantes hicieron un enérgico y directo llamado a las siguientes instituciones al Ministerio Público (Fiscalía del Estado Barinas), a SUVIS / Ministerio de Hábitat y Vivienda, a la Defensoría del Pueblo, al CICPC y Órganos Policiales. Además de la Gobernación de Barinas y la Alcaldía del municipio.
La comunidad y los perjudicados exigen que se abra una investigación penal inmediata, se restituyan los derechos de los habitantes del inmueble, se investiguen las actuaciones de los cuerpos de seguridad involucrados en el amedrentamiento y se sancione a los responsables de este delito continuado.
