*** Cruz Jesús Mendoza Lozano, comerciante informal dedicado a la venta de bolsos y ubicado diagonal al mercado La Carolina, asegura que las autoridades municipales se “han presentado en repetidas oportunidades a su local con la orden de retirar un toldo y una malla que utiliza para su labor comercial”.
(Kathiuska Francis Marín).- Cruz Jesús Mendoza Lozano, comerciante informal dedicado a la venta de bolsos y ubicado diagonal al mercado La Carolina, denunció ser víctima de un presunto acoso institucional y amedrentamiento constante por parte de la arquitecta Ana Jaime, funcionaria de la dirección de Planeamiento Urbano de la alcaldía local, y de los cuerpos municipales, a pesar de cumplir con los impuestos municipales y de estar allí en ese lugar más de un año sin problema alguno.
El vendedor asegura que las autoridades municipales se “han presentado en repetidas oportunidades a su local con la orden de retirar un toldo y una malla que utiliza para su labor comercial” , pues, según Mendoza Lozano, las estructuras cuentan con el aval de los propietarios del inmueble y no obstaculizan el libre tránsito peatonal, a diferencia de otros casos en la zona central de la ciudad.
De una manera firme el comerciante señaló hostigamiento, pues ha recibido recurrentes visitas de los funcionarios municipales, obligándolo previamente a retirar mercancía exhibida en la parte exterior y ahora exigiéndole la eliminación del toldo protector. Igualmente denunció que previamente su madre, Norqui Violeta Lozano Becerra (adulta mayor dedicada a la buhonería en las inmediaciones), también habría sido presionada y desplazada de su espacio de trabajo informal por presiones de la misma dirección municipal.
Cuestiona Mendoza que no entiende porque se focalizan las acciones de fiscalización y desalojo selectivo en su contra, mientras que otros comercios e informales del centro de Barinas ocupan de manera más amplia las aceras y espacios públicos sin recibir sanciones similares, además, manifiesta cumplir con todo lo de la ley y ordenanzas municipales.
Ante esta situación, el afectado hace un llamado público a las autoridades competentes del ejecutivo municipal para que revisen los procedimientos de supervisión urbana y garanticen el derecho al trabajo sin persecuciones ni tratos diferenciados.
