*** Ana Raquel Velázquez, esposa del teniente coronel Víctor Soto, quien fue detenido en marzo de 2018 bajo los cargos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar, tras un juicio exprés, fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde, pena que cumplió a cabalidad el 9 de septiembre de 2025 sin que se le otorgara la libertad en ese momento.
(Kathiuska Francis Marín).- Ana Raquel Velázquez, esposa del teniente coronel Víctor Soto, denunció la crítica situación que atraviesa su pareja y otros oficiales detenidos, quienes, a pesar de haber cumplido íntegramente sus condenas y contar con boletas de excarcelación, continúan privados de libertad bajo nuevas acusaciones sin sustento probatorio.
Explicó que el T/C Víctor Soto fue detenido en marzo de 2018 bajo los cargos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar, tras un juicio exprés, fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde, pena que cumplió a cabalidad el 9 de septiembre de 2025 sin que se le otorgara la libertad en ese momento.
Acotó que posteriormente, el 3 de noviembre de 2025, el oficial desapareció bajo el engaño de ser trasladado a los tribunales, siendo depositado en el centro de reclusión conocido como El Fuerte Guaicaipuro, bajo la administración del SEBIN, donde permaneció incomunicado durante un mes de intenso dolor y sufrimiento.
Destacó que “ No fue sino hasta marzo de 2026 cuando se le permitió una visita supervisada de aproximadamente 30 minutos, en la cual se constató su grave deterioro físico: pérdida de masa muscular, estado de desnutrición severa y un prolongado aislamiento de 90 días sin acceso a condiciones básicas de aseo y alimentación adecuada”.
Velázquez denunció que, pese a esto, el oficial continúa detenido bajo una segunda causa calificada como un invento judicial derivado de un presunto motín en la cárcel de Ramo Verde que nunca ocurrió, en un proceso donde el fiscal no ha presentado videos ni evidencias y los tribunales se niegan a iniciar las audiencias correspondientes.
Señaló que la situación se agravó tras conocerse que el pasado 14 de agosto, el juez de la causa firmó nueve excarcelaciones de ex militares que habían cumplido condena hasta enero de 2026, dejando sorpresivamente a cuatro tenientes coroneles —entre ellos su esposo— sin ninguna explicación jurídica válida.
La denunciante cuestionó cómo una medida de excarcelación beneficia a un grupo mientras se mantiene la detención de otros cuatro seres humanos cuyas familias continúan en espera, reiterando el llamado de que no puede hablarse de acuerdos de transición ni de paz sin justicia plena y sin la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.
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