*** El vocero del Movimiento Referencial Independiente Barinas y defensor de DD. HH., abogado José Martínez, señala que leyes como la Ley contra el Odio y la Ley de ONG atentan contra las garantías fundamentales.
(Kathiuska Francis Marín).- El abogado José Martínez, defensor de los derechos humanos y vocero del Movimiento Referencial Independiente Barinas, hizo un pronunciamiento público para exigir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el estricto cumplimiento del mandato establecido en el artículo 253 de la Constitución, garantizando una auténtica administración de justicia y la restitución del orden constitucional en el país.
Martínez enfatizó que el nuevo poder judicial debe proceder a la derogación absoluta, y no a reformas parciales, de un conjunto de leyes que, a su juicio, presentan graves vicios de inconstitucionalidad y vulneran de manera directa los principios de legalidad, el debido proceso y las garantías fundamentales consagrados en la Carta Magna.
Cuestionamiento a la severidad y origen del marco legal
Entre el compendio normativo que el jurista solicita anular de forma inmediata destacan: primero, la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano al que Martínez señala de carecer de legalidad de origen para asumir competencias legislativas de la Asamblea Nacional. Advierte que esta norma viola los artículos 49.6 (principio de legalidad penal), 57 y 58 (libertad de expresión y de información).
Igualmente, está la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODIFT): Denunciada por ser instrumentalizada para la persecución penal de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, socavando la presunción de inocencia (artículo 49.2).
Además, dijo que existen otras normativas bajo observación como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG; la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Tierras; y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, entre otras que, según señaló, requieren un análisis profundo para su desincorporación del ordenamiento jurídico por colidir con los principios constitucionales.
«Es la hora de poner orden y hacer respetar nuestra Constitución. Estas leyes atentan contra el debido proceso y los derechos fundamentales de todos los venezolanos, por lo que deben ser derogadas en su totalidad», afirmó el vocero.
Llamado a la movilización ciudadana en los 335 municipios
Para concluir, el abogado José Martínez hizo un exhorto amplio y directo a la sociedad civil a lo largo y ancho del territorio nacional:
«Hago un llamado al pueblo venezolano en los 335 municipios del país a manifestarse pacíficamente, de manera no violenta, exigiendo elecciones presidenciales lo antes posible para legalizar nuestra nación. ¡Hasta el final, por nuestra libertad!», concluyó.
