*** De no obtener una respuesta institucional en un lapso de ocho (8) días, la comunidad advierte que radicalizarán sus acciones ante la Inspectoría del Trabajo y el Centro de Desarrollo Estatal, responsabilizando a las autoridades educativas de cualquier daño adicional que sufran los estudiantes.
(Kathiuska Francis Marín).- Padres, representantes y el personal del Instituto de Educación Especial (I.E.E.) «Rafael Urdaneta», ubicado en el sector Valle Verde, en Barranca del municipio Cruz Paredes, han formalizado una denuncia ante el Ministerio Público y el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa para exigir la destitución inmediata de la directora, Lcda. Dorimar Macea, a quien señalan de ejercer violencia física, psicológica y hostigamiento laboral.
La denuncia, respaldada por testimonios alarmantes, describe métodos de «disciplina» que vulneran los derechos humanos de niños con necesidades especiales.
Según los afectados, desde su llegada, Macea habría sugerido prácticas inhumanas como: “el uso de pinchazos con alfileres bajo las uñas y amarrar a los estudiantes a sus sillas para inmovilizarlos, presencia de palos tras las puertas para generar miedo en el alumnado”.
Además, hay testigos que reportan que “la directora arrastró a una estudiante del cabello desde el patio hasta el aula, y ha agredido físicamente a un niño con Síndrome de Down, propinándole nalgadas, pellizcos en la zona cervical y forzándolo a caminar bajo el sol del mediodía como castigo”.
Hostigamiento laboral y falta de ética
El personal docente y obrero también se declara víctima de un ambiente laboral insostenible, pues ellos denuncian grabaciones no autorizadas dentro de las aulas, uso de personas ajenas a la institución para amedrentar al personal y un altercado verbal ocurrido el pasado 19 de noviembre de 2025, donde la directiva insultó gravemente a los trabajadores frente a los alumnos.
«No permitiremos que se sigan cometiendo delitos contra niños que no pueden defenderse por sí mismos», sentenciaron los representantes en su comunicación a la Fiscalía Superior.
La comunidad educativa denuncia que existe un «freno» administrativo en las instancias regionales. Aseguran que el expediente contra Macea “ha sido detenido por intervención de figuras políticas municipales debido a nexos familiares”, de acuerdo a lo descrito en la comunicación entregada a este medio. A esto se suman irregularidades en la gestión de recursos, como la exigencia obligatoria de insumos de limpieza y útiles escolares bajo coacción.
Medidas de Presión
Ante la gravedad de los hechos y para resguardar la integridad física de los menores, los padres han tomado la determinación de no enviar a sus hijos a la institución hasta que la directora sea removida de su cargo. Solicitan que la dirección sea asumida por una terna de profesionales capacitados que ya forman parte del plantel.
De no obtener una respuesta institucional en un lapso de ocho (8) días, la comunidad advierte que radicalizarán sus acciones ante la Inspectoría del Trabajo y el Centro de Desarrollo Estatal, responsabilizando a las autoridades educativas de cualquier daño adicional que sufran los estudiantes.
