***»Es una aberración jurídica solicitar trámites adicionales cuando la ley ya está vigente. Una verdadera Amnistía General busca conciliar la paz y el Gobierno debe ordenar la libertad inmediata de todos los beneficiarios sin distinciones ni retrasos», aseveró José Gregorio Martínez, abogado y defensor de los derechos humanos.
(Kathiuska Francis Marín).- El abogado y defensor de los derechos humanos, José Gregorio Martínez, fijó una posición crítica ante la demora en la ejecución de la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el gobierno de Delcy Rodríguez, pues después de su promulgación, el jurista calificó como «inaceptable» que el Estado venezolano continúa postergando la libertad plena de los ciudadanos amparados por esta medida de «olvido legal».
Martínez denunció que se ha impuesto una contradicción procesal al exigir a la defensa pública la consignación de diligencias individuales para un beneficio que debería ser de aplicación inmediata y general. Asimismo, alertó sobre la restricción sistemática que, desde finales de 2017, impide a la defensa privada asistir a los presos políticos, agravando su estado de indefensión.
«Es una aberración jurídica solicitar trámites adicionales cuando la ley ya está vigente. Una verdadera Amnistía General busca conciliar la paz y el Gobierno debe ordenar la libertad inmediata de todos los beneficiarios sin distinciones ni retrasos», aseveró Martínez.
Exigencia de Indulto Presidencial para casos excluidos
El defensor hizo un llamado directo a la Presidenta temporal, Delcy Rodríguez, para que la medida de gracia no sea selectiva.
Martínez propone el uso del Indulto Presidencial para aquellos casos que no estén contemplados en el rango de la ley (que abarca desde 1999 hasta la fecha), como el mecanismo definitivo para alcanzar una verdadera justicia social.
Los Derechos Humanos como freno al poder estatal
El jurista recordó que el respeto a la dignidad humana no es una concesión estatal, sino una norma universal e infranqueable. En su declaración, enfatizó dos puntos vitales: primero la convivencia y justicia, es decir, el respeto a estas normas es el único camino hacia la paz ciudadana real, y segundo, los derechos humanos actúan como un freno necesario al ejercicio del poder del Estado, garantizando seguridad e igualdad.
«Hoy levantamos la voz por la libertad de todos nuestros presos políticos. La paz verdadera solo se construye sobre la base del respeto constitucional y la justicia pronta», concluyó el abogado.
