*** Ante la falta de soluciones, la comerciante acudió a los tribunales solicitando la devolución del local y una indemnización por el deterioro de los equipos tras cuatro años de paralización. Sin embargo, denunció que el veredicto reciente favoreció a la Alcaldía de Barinas pese a que, según afirma, el ente municipal no presentó pruebas ni realizó el debido proceso administrativo.
(Kathiuska Francis Marín).- Elsa Patricia de Freitas Ferreira, reconocida comerciante, docente y profesional de la salud en el estado Barinas, rompió el silencio el pasado lunes 16 de marzo para denunciar lo que califica como una «persecución administrativa y judicial» al ser despojada del Restaurant El Pasajero de Barinas, establecimiento con más de cuatro décadas de servicio ininterrumpido.
De Freitas relató que su familia ha laborado en dicho local, ubicado dentro del Terminal de Pasajeros de Barinas, desde el año 1985. Tras el cierre obligado por la pandemia en 2020, la comerciante intentó reaperturar el negocio, encontrándose con el robo del cableado eléctrico. Pese a realizar la inversión con recursos propios para recuperar la operatividad, comenzó un calvario administrativo.
«Me pegaron un cartel de notificación y el síndico me dijo verbalmente, sin ningún documento escrito, que debía entregar el local, el cual es de una tradición familiar, somos comerciantes de toda la vida y no hay justificación legal para este desalojo», denunció De Freitas.
Cuatro Años de Silencio Administrativo y Engaños
La afectada señaló que desde el año 2022 ha dirigido comunicaciones al exalcalde Rafael Paredes, a Robert Molina y a la actual administración municipal, sin recibir respuesta formal. Incluso, denunció que la administradora del terminal, “Shirley Hernández, utilizó la fuerza policial para desalojar a los albañiles que realizaban remodelaciones autorizadas verbalmente”.
«Me dijeron que podía abrir y acomodar mientras se reestructuraba la Alcaldía con el nuevo alcalde Argenis Aldazoro, para ello, solicité dinero prestado, a pesar de tener en ese momento a mi bebé enferma, para invertir en el local, y luego me mandaron a la policía para sacarme. Han jugado con mi buena fe», lamentó la ciudadana.
Cuestionamiento al Sistema Judicial
Ante la falta de soluciones, la comerciante acudió a los tribunales solicitando la devolución del local y una indemnización por el deterioro de los equipos tras cuatro años de paralización. Sin embargo, denunció que el veredicto reciente favoreció a la Alcaldía de Barinas pese a que, según afirma, el ente municipal no presentó pruebas ni realizó el debido proceso administrativo.
«Mi sorpresa es que el sistema judicial falló a favor de una alcaldía que no tiene pruebas. Me dicen que ellos, como arrendadores, pueden quitarme el local cuando quieran, lo cual es falso sin un proceso administrativo previo. El pasado jueves introdujimos un amparo porque esta decisión es injusta, sin fundamento y violenta mi derecho al trabajo».
Un Llamado a la Justicia y a la Denuncia
Elsa Patricia de Freitas enfatizó que su lucha no tiene tintes políticos. «No soy política, no soy opositora ni oficialista; soy una profesional y comerciante que trabaja con las uñas para sacar este país adelante. Alzó la voz por los que se sienten reprimidos y no se atreven a denunciar».
La denunciante hace un llamado a las autoridades superiores y a la Inspectoría de Tribunales para que revisen su caso, ante lo que considera un atropello a la propiedad y al sustento de una familia con 40 años de arraigo en la ciudad de Barinas.
