Los residentes de esta localidad, señalaron que aparentemente existen «manos oscuras» interesadas en desplazar a la contratista actual » para favorecer negocios privados, a pesar de que el pozo ya fue perforado con éxito por el ciudadano Michelle Innelli», afirmaron.
Raúl Alvarez González
Vecinos de la parroquia La Unión, en el municipio Arismendi del estado Barinas, levantaron su voz de protesta ante la paralización de los trabajos de construcción del pozo acuífero local, a fin de terminar con la carencia del vital líquido en esa localidad, la cual atraviesan desde hace cuatro años.
Minerva Zapata, en representación de los más de 3.000 afectados, denunció que presuntas «maniobras políticas encabezadas por el alcalde del municipio y el concejal Armando Aponte» estarían obstaculizando el flujo de recursos hacia la empresa Mafica, encargada de la obra por contrato nacional.
Los residentes del sector señalan que aparentemente existen «manos oscuras» interesadas en desplazar a la contratista actual » para favorecer negocios privados, a pesar de que el pozo ya fue perforado con éxito por el ciudadano Michelle Innelli», afirmaron.
Dijeron que la situación es crítica para esta población, que suma cuatro años sufriendo fallas constantes en el suministro de agua y acumula más de 30 días en sequía total, por lo que ante esta crisis humanitaria, los vecinos exigen al Gobierno central, regional y municipal la asignación inmediata de los recursos restantes para la adquisición de la bomba sumergible, el transformador, un poste eléctrico, 10 sacos de cemento y materiales de construcción (gravilla), precisaron.
Aseguran que, aunque el pueblo ha intentado recolectar fondos por cuenta propia, la magnitud de la inversión requiere la intervención urgente de las autoridades competentes para finalizar los detalles técnicos del proyecto, expresando además el respaldo absoluto a la empresa Mafica, advirtiendo que no aceptarán el ingreso de ninguna otra contratista a la zona.
Según los denunciantes, se pretende aplicar el mismo esquema de «negocios a espaldas del pueblo» que ha imperado históricamente en la jurisdicción, intentando arrebatar una obra que ya presenta un avance significativo. Los residentes enfatizan que no permitirán que intereses políticos o personales sigan jugando con el derecho humano al agua de las familias de La Unión.
Al concluir, los portavoces de la comunidad hicieron un llamado al Ejecutivo Nacional, » para que supervise el destino de los fondos asignados y garantice que los materiales lleguen a la obra sin intermediarios que la retrasen», expresaron..
