«Reconciliar no es pasar la página sin leerla, es reconocer, reparar y hacer justicia», afirmó el activista de derechos humanos barinés
Raúl Alvarez González
Desde Houston, Texas en los Estados Unidos, el expreso político barinés Lennard Rafael García, activista de los derechos humanos en el país, manifestó su preocupación y dijo que las alarmas están encendidas con respecto a la Ley de Amnistía que se está aplicando en Venezuela desde hace un mes aproximadamente.
García sentenció sin tapujos que, » Cuando se habla de amnistía, se intenta posicionar la idea de que el país avanza hacia un proceso de reconciliación nacional. Sin embargo, esa narrativa se derrumba cuando dicha amnistía resulta selectiva, carece de legitimidad y no incorpora los elementos mínimos de justicia, reparación y participación democrática. Esta situación nos preocupa y mantiene en alerta que amnistía sin legitimidad ni justicia no nos llevará a una verdadera reconciliación nacional», recalcó.
Indicó que tras los acontecimientos posteriores al 3 de enero, Venezuela ha entrado en una nueva etapa política, sin embargo reconoció que, » No es cierto que el país respira un ambiente distinto, es evidente que aún estamos lejos de una democracia real. No basta con un cambio de escenario; se necesita profundidad institucional, principios éticos y una reconstrucción basada en la verdad», precisó.
Afirmó además el activista hoy día radicado en Houston desde hace un par de años que, » la reconciliación no puede construirse sobre las bases del olvido ni sobre la impunidad. Si bien Nicolás Maduro fue quien ordenó, quienes hoy mantienen espacios de poder fueron ejecutores directos de esas órdenes, de modo que pretender que hoy una ley borre esas responsabilidades es, en el fondo, irresponsable es como intentar reescribir la historia sin justicia», aseguró.
Sostuvo igualmente García que en distintos sectores de la oposición democrática se ha consolidado una postura clara, » esta amnistía no reúne las condiciones necesarias para convocar ni representar a quienes han luchado por la libertad del país. No unifica, fragmenta. No reconcilia, impone», comentó.
Ley sin participación de la oposición real
Explicó que uno de los principales problemas radica en el origen de la Ley de Amnistía, » La ley fue emanada de una institución surgida de un proceso en el cual no participó la oposición democrática, por tanto, su legitimidad está profundamente cuestionada, tanto a nivel nacional como internacional. No se puede hablar de reconciliación cuando las reglas del juego nacen sin consenso ni representación plural», aseveró.
Destacó de igual modo que a esta situación se le suma un elemento crítico, » la aplicación selectiva de la amnistía. Casos como los de Javier Tarazona, Wilmer Azuaje, su asistente Giovanni González, el periodista Rory Branker y también Perkins Rocha, evidencian que no todos los perseguidos políticos han sido incluidos. Pero no se trata solo de estos nombres, existe una gran cantidad de activistas, dirigentes y presos políticos militares que también han sido excluidos, lo que confirma que estamos ante un proceso injusto profundamente arbitrario», apuntó.
Enfatizó que lo más grave con respecta a esta ley es que, » esta amnistía no contempla ningún tipo de reparación para las víctimas. No reconoce el daño causado, no establece mecanismos de justicia transicional, ni ofrece garantías de no repetición. Las vidas marcadas por la persecución, la tortura, el exilio y la cárcel quedan, en la práctica, invisibilizadas», significó.
Planteó que «quienes hemos dedicado años —incluso décadas— a la lucha democrática sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí. No es un discurso vacío: son más de 15 años enfrentándonos a la represión, cárcel, exilio y violaciones sistemáticas de derechos humanos. No se puede pretender que todo ese sacrificio sea reducido a un proceso que no garantiza ni justicia ni reparación», remarcó.
Casos documentados ante la CPI
Lennard García indicó además que es importante dejar algo claro, » desde nuestra perspectiva, no juzgamos ni criticamos a quienes, en medio de la opresión, deciden someterse a este procedimiento para liberarse. Cada quien enfrenta su realidad como puede. Pero, una cosa es comprender esa decisión, y otra muy distinta es validar un proceso que, en esencia, no reúne las condiciones necesarias para representar a toda una nación», acotó.
Además, es importante que recordemos que muchos de estos casos ya han sido documentados y reposan en los archivos de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Intentar cerrar este capítulo sin justicia no solo es irresponsable, es jurídicamente insostenible.
«Por eso, hoy el país enfrenta una disyuntiva fundamental: ¿vamos a aceptar una institucionalidad cuestionada que pretende imponer una narrativa de reconciliación, o vamos a exigir un proceso legítimo, inclusivo y basado en principios democráticos?», cuestionó.
Por último, García hizo un llamado a los barineses, » les invito a ejercer sus derechos y a no permitir que, mediante maniobras políticas, se intente lavar la cara a quienes han sido responsables de violaciones graves de derechos humanos. La comunidad internacional, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, tendrá un rol clave en este momento histórico. No solo como observador, sino como garante de que los procesos que se impulsen en Venezuela realmente conduzcan a la democratización, la reinstitucionalización del Estado y una reconciliación verdadera.», comentó.
