*** El jurista José Gregorio Martínez, enfatizó que la salida a la crisis actual requiere el cumplimiento estricto del Artículo 296 de la Constitución, el cual establece que el CNE debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones políticas.
(Kathiuska Francis Marín).– El abogado y defensor de los derechos humanos, José Gregorio Martínez, emitió un pronunciamiento urgente sobre la necesidad de legitimar los poderes públicos en Venezuela como única vía para restablecer el orden constitucional y garantizar el bienestar económico de los ciudadanos.
Según Martínez, el desconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio de 2024 por parte del Rector Elvis Amoroso y los demás integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha provocado una ilegitimación masiva de los poderes públicos, configurando un delito contra el Estado.
El jurista enfatizó que la salida a la crisis actual requiere el cumplimiento estricto del Artículo 296 de la Constitución, el cual establece que el CNE debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones políticas. Martínez denunció que este precepto ha sido violado sistemáticamente durante los últimos 27 años.
«Es fundamental el nombramiento de nuevos rectores imparciales, postulados por la sociedad civil, las universidades y el Poder Ciudadano, para devolver la confianza en el voto», afirmó el defensor.
Para fortalecer el Estado Venezolano, Martínez propone una hoja de ruta que incluye la renovación de los cargos clave del Poder Público: Consejo Nacional Electoral (CNE): Designación de rectores independientes, poder Ciudadano: Nombramiento de un nuevo Fiscal General y Defensor del Pueblo y el poder Judicial: Renovación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo parámetros constitucionales.
Esta reestructuración permitiría convocar a un proceso electoral integral que incluya las Elecciones Presidenciales en conjunto con la Asamblea Nacional. Posteriormente, Martínez propone llamar a elecciones regionales y municipales 90 días después de los comicios nacionales.
El defensor vinculó directamente la falta de legitimidad institucional con la precaria situación económica que atraviesa el país.
Destacó cifras alarmantes sobre la pérdida del poder adquisitivo: el sueldo actual es aproximadamente de $0.0092 dólares diarios, lo que sitúa a la población en niveles de pobreza extrema, y la falta de seguridad jurídica impide la llegada de capitales extranjeros y el funcionamiento de las empresas públicas y privadas.
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