*** «Las aguas se estancan y se pudren, emanando gases que hacen imposible permanecer en las aulas», señalaron representantes afectados. La problemática, que se ha agudizado en los últimos tres meses, persiste pese a los intentos de mediación con la propietaria del inmueble.
(Kathiuska Francis Marín). – La crisis sanitaria en el barrio 23 de Enero ha llegado a un punto crítico, pues el pasado lunes 13 de abril, la directiva y el cuerpo docente de la Escuela Carlos Soublette se vieron obligados a suspender las actividades académicas debido a los olores insoportables y el foco de infección generado por un criadero de cerdos improvisado en una vivienda colindante.
La medida de paralización fue respaldada por padres y representantes, quienes ante la desesperante situación, decidieron cerrar la institución para proteger la salud de los alumnos.
Según denuncias de la comunidad escolar, el foco del problema reside en el patio de una residencia urbana donde se han construido al menos cuatro corrales, donde el estiércol de los animales —aproximadamente 12 ejemplares— es vertido a un canal que atraviesa la barriada y transcurre justo detrás del plantel.
«Las aguas se estancan y se pudren, emanando gases que hacen imposible permanecer en las aulas», señalaron representantes afectados. La problemática, que se ha agudizado en los últimos tres meses, persiste pese a los intentos de mediación con la propietaria del inmueble.
Exigencia de intervención inmediata
Ante la falta de soluciones, una comisión de la comunidad educativa se trasladó hasta la vivienda en cuestión para exigir la eliminación del criadero en un lapso no mayor a 24 horas. Los afectados han sido enfáticos: las clases no se reanudarán hasta que las autoridades de competencia ambiental y sanitaria intervengan y garanticen la eliminación definitiva de los corrales.
Los padres y representantes hicieron un llamado urgente a los organismos municipales y de protección ambiental para que se haga cumplir la normativa urbana, la cual prohíbe la cría de animales de granja en zonas residenciales de alta densidad, especialmente cuando afectan el derecho a la salud y a la educación de cientos de niños barineses.
