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A juicio del Coordinador de la Unidad en el estado Barinas, José Gregorio Colina el incremento del ingreso mínimo anunciado por la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, no sólo resultó indignante para el bolsillo del trabajador ante el altísimo costo de la cesta básica y que pulveriza los derechos laborales, sino que discrimina a la mayoría de los sectores de la administración pública- incluyendo a profesionales-, que son víctimas de lo que pudiera calificarse como un «apartheid» , con el también anunciado bono de reconocimiento profesional y académico.
El líder demócrata consideró que este tipo de discriminación o trato desigual en contra de la administración pública en todos sus niveles (nacional, regional y municipal) se traduce en mayor descontento para esa amplia masa laboral y para sus familiares, ya que calificar a los empleados cual si existieran «clases» resulta repudiable, sobre todo cuando nuestro país lo que requiere es unión, solidaridad y paz.
«La presidenta encargada, no sólo decepcionó a toda la administración pública, al jubilado y al pensionado, con su tan cacareado incremento mínimo indexado, sino que, además, intensifica el «apartheid socioeconómico» a través de un bendito bono de profesionalización que sólo les llega a ciertos funcionarios e incluso no les llegará a todos los que se mencionan (ejemplo maestros, obreros, etc), con lo cual se produce aquello de «algunos si, otros no» y con ello generan un mayor descontento y desconcierto, de manera que estamos en presencia de un aberrante acto de discriminación descomunal nunca antes visto», aseguró Colina.
El también Coordinador regional del partido Voluntad Popular agregó que esta lastimosa situación, que representa un masivo acto de discriminación por donde se mire, se debe a que el régimen es quien maneja la plataforma encargada de ese proceso y son ellos los únicos responsables de tan descarada acción.
«En conclusión, el bono de profesionalismo y académico sólo favorece a un selecto grupo debidamente escogido por quienes alimentan la plataforma Patria, lo que atenta contra la estabilidad de la gran mayoría de los empleados públicos y marca una discriminación socioeconómica que merece el mayor repudio», concluyó José Gregorio Colina.
