*** Para el dirigente social Hilmer Albarrán, esta situación trasciende la demanda laboral y se define como un «error de gestión técnica» que pone en riesgo el derecho a la educación.
(Kathiuska Francis Marín).- En el marco de la reciente reestructuración de beneficios económicos para el sector público, el dirigente social Hilmer Albarrán emitió un pronunciamiento técnico alertando sobre una «disparidad preocupante» en la asignación de bonificaciones, la cual afecta de manera directa al personal obrero y administrativo del sistema educativo estatal.
Según los datos obtenidos mediante un seguimiento de campo detallado, Albarrán denunció que una parte considerable del personal de apoyo —vital para la logística y el mantenimiento de los planteles— ha quedado excluida de los últimos esquemas de protección social implementados por el Ejecutivo.
Para Albarrán, esta situación trasciende la demanda laboral y se define como un «error de gestión técnica» que pone en riesgo el derecho a la educación.
«El personal obrero y administrativo constituye la base de la infraestructura educativa; sin su estabilidad y bienestar, el proceso pedagógico dentro de las aulas se ve severamente comprometido», explicó el vocero.
Llamado a la revisión de datos
Lejos de buscar un escenario de confrontación, el planteamiento de Albarrán se centra en la articulación de soluciones. En este sentido, instó a las autoridades competentes a realizar una revisión técnica inmediata de las bases de datos y los criterios de asignación utilizados actualmente.
Propuestas clave del pronunciamiento: primero, pertura de canales de diálogo para establecer una mesa técnica entre autoridades y representantes del sector, segundo; cruce de información, para ello, se debe verificar las nóminas actuales para corregir omisiones de manera transparente, y por último, garantía de justicia social para asegurar que cada trabajador reciba los beneficios que le corresponden por operatividad.
Finalmente, Hilmer Albarrán enfatizó que la transparencia en el manejo de los datos es el único camino para garantizar la paz laboral en la región. «Nuestro objetivo es que se reconozca el valor de cada trabajador en la cadena educativa, permitiendo que las escuelas funcionen de manera óptima y justa», concluyó.
