*** En cualquier legislación de servicios públicos del mundo, las horas de interrupción se traducen en notas de crédito o rebajas directas en la facturación del mes siguiente. En Venezuela, el sistema opera a la inversa: a menor continuidad del servicio, mayor parece ser el costo reflejado en el sistema.
(Por: Kathiuska Francis Marín).- Vivir a oscuras y, al mismo tiempo, pagar tarifas de lujo. Esa es la paradoja que enfrentan millones de usuarios en Venezuela, quienes en los últimos meses han visto cómo los recibos emitidos por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sufren incrementos exponenciales. La indignación colectiva crece al mismo ritmo que las facturas, mientras que el suministro eléctrico sigue marcado por apagones prolongados que van desde las 4 hasta las 8 horas diarias, aplicados incluso en dos tandas por jornada.
El fenómeno no discrimina regiones, por ejemplo, en Caracas, un usuario denunció que, tras pagar 6.230 bolívares en marzo, la facturación de abril saltó a los 8.900 bolívares. Esta realidad se replica con mayor agresividad en el interior del país.
En Barinas, específicamente en el sector Terrazas de Alto Barinas, una vecina relató que su tarifa base comenzó en 4.000 bolívares y ya para este mes de mayo el cobro escaló de forma abrupta a los 8.000 bolívares.
Las preguntas en la calle son unánimes: ¿Qué se está cobrando realmente? ¿Bajo qué criterio se aumenta el precio de un servicio inexistente?
Sin mantenimiento ni inversión: La realidad técnica
La justificación estándar de cualquier empresa de servicios públicos para indexar tarifas suele ser la reinversión y el mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, en el caso venezolano, los expertos e inversionistas que alguna vez operaron en el sector sostienen lo contrario.
Fuentes técnicas y ex inversionistas han advertido de manera reiterada que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) acumula más de una década sin planes de mantenimiento mayor estructural, operando actualmente con equipos e instalaciones que superan los 20 años de obsolescencia tecnológica.
«Para mejorar el servicio no es, porque el deterioro es evidente. Para hacer mantenimiento tampoco, porque los equipos ya están obsoletos. Entonces, ¿qué mentira le van a meter ahora al país para justificar el incremento en la facturación?», cuestionan los afectados.
En cualquier legislación de servicios públicos del mundo, las horas de interrupción se traducen en notas de crédito o rebajas directas en la facturación del mes siguiente. En Venezuela, el sistema opera a la inversa: a menor continuidad del servicio, mayor parece ser el costo reflejado en el sistema.
El dilema de las comunidades: Pagar o quedar a oscuras
La presión institucional para el cobro del servicio es inmediata. Mientras que Corpoelec ejecuta cortes del suministro de manera expedita a quienes presentan retrasos en sus pagos, la respuesta ante las averías comunitarias marcha a un ritmo completamente distinto.
La realidad en las barriadas y urbanizaciones demuestra que, ante la explosión de un transformador, la restitución del equipo rara vez corre por cuenta exclusiva del Estado. Son contados los casos donde las cuadrillas oficiales reemplazan los componentes sin costo; en la gran mayoría de las ocasiones, son los propios vecinos quienes deben recolectar dinero en divisas para adquirir los insumos y garantizar la mano de obra.
Una campaña ciudadana para exigir respuestas
Frente a lo que catalogan como un cobro injustificado y una total opacidad administrativa, diversos sectores civiles y vecinales han anunciado el inicio de una campaña de monitoreo y denuncia pública. El objetivo principal es recolectar de manera sistemática los recibos de distintas regiones para exigir formalmente al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica una rendición de cuentas clara.
Si las tarifas se están incrementando bajo la premisa de la lucha contra la corrupción y la optimización del SEN, la ciudadanía exige saber con precisión a dónde se está destinando el dinero recaudado, dado que el bienestar eléctrico sigue brillando por su ausencia en los hogares venezolanos.
