**El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Omar Mora Tosta, informó que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo de Caracas tomó la decisión de remitir al estado Barinas las causas penales correspondientes a los dirigentes nacionales Henry Alviarez y Dignora Hernández, así como al coordinador regional Víctor Castillo.
(Kathiuska Francis Marín). – El equipo de defensa de los dirigentes políticos del partido Vente Venezuela denunció públicamente una nueva irregularidad en el desarrollo de sus procesos judiciales.
El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Omar Mora Tosta, informó que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo de Caracas tomó la decisión de remitir al estado Barinas las causas penales correspondientes a los dirigentes nacionales Henry Alviarez y Dignora Hernández, así como al coordinador regional Víctor Castillo.
Mora Tosta calificó formalmente esta medida como un «desmantelamiento de la jurisdicción de terrorismo» en la capital.
El jurista reiteró de manera contundente la postura de la defensa ante este tipo de instancias especiales:»Recordamos que estos tribunales especiales son ilegales y de corte estrictamente político. Ante las graves y sistemáticas violaciones al debido proceso que han sufrido nuestros representados, exigimos la nulidad absoluta de estos casos».
Argumentos de la defensa ante el traslado
El circuito judicial penal argumentó de forma oficial que la redistribución y el traslado de los expedientes hacia los tribunales del estado Barinas responde a un supuesto plan de «descongestionamiento procesal». Sin embargo, este criterio fue categóricamente rechazado por los abogados defensores.
Por su parte, el abogado Perkins Rocha también se pronunció en contra de la medida, señalando los trasfondos políticos de la acción:
Aislamiento estratégico: Rocha denunció que el régimen busca «esconder su torpeza» mediante tácticas dilatorias.
Vulneración de derechos: Al alejar deliberadamente las causas judiciales de los domicilios reales de los procesados, se complejiza el acceso y la operatividad de sus abogados y familiares.
La defensa civil y técnica aseguró que, a pesar de estas trabas geográficas y procesales, acudirán a las nuevas instancias asignadas en el interior del país para continuar ejerciendo la representación jurídica, visibilizando las violaciones de derechos fundamentales y exigiendo plenas garantías para los dirigentes.
