*** El coordinador regional de Vente Venezuela califica el proceso como un «cóctel de violaciones procesales» diseñado para confiscar patrimonios legítimos construidos durante décadas, afectando a más de 100 terceros de buena fe.
*** Revelan que el expediente carece de pruebas, firmas de jueces y fiscales, y que las detenciones se ejecutaron bajo engaño policial.
(Kathiuska Francis Marín).– Como una «verdadera locura jurídica y un atropello total» calificó el coordinador regional de Vente Venezuela, Emill Brandt Ulloa, el proceso judicial y de extinción de dominio ejecutado contra los hermanos Rafael Perdomo y Roger Perdomo, enmarcado en los casos de PDVSA.
El líder político y social denunció que las autoridades judiciales mezclan «peras con manzanas» en un burdo montaje procesal con el único fin de despojar de sus bienes a ciudadanos inocentes, pisoteando la ley y la lógica elemental.
«Lo que hicieron con los hermanos Perdomo y con todo el grupo de afectados fue meter una redada ciega. Para que un proceso de extinción de dominio sea legítimo, el Estado tiene la obligación constitucional de demostrar un vínculo directo entre los bienes y la actividad ilícita. Aquí ocurrió todo lo contrario: se ejecutó una confiscación de facto sin juicio previo», aseveró Brandt Ulloa.
Al analizar cronológicamente el expediente, Brandt Ulloa desarmó la matriz de la fiscalía demostrando que es matemáticamente imposible que las propiedades señaladas provengan de fondos públicos ilícitos. Línea de tiempo del contrato: El período de trabajo investigado inicia en noviembre de 2020 (con operatividad en 2021 y 2022).
• Bienes históricos (1976 y 1989): Los terrenos de los socios fueron adquiridos décadas antes de la relación comercial. «Es imposible pagar en 1976 con el dinero de un contrato del 2020», fustigó.
• Bienes previos (2010 – 2016): Construcciones y propiedades de socios y clientes que ya existían formalmente mucho antes de vincularse a la obra civil.
• Edificio terminado en 2020: La infraestructura fue concluida cinco o seis meses antes de firmar el primer contrato con el Estado.
«En derecho esto es básico: no existe la culpabilidad retroactiva de los bienes. Si el bien nació sano años antes, no puede estar contaminado de origen», sentenció el coordinador regional.
Una red de mentiras que afecta a más de 100 terceros de buena fe
El dirigente de la tolda celeste reveló el impacto social de este atropello: el 85% de los bienes afectados no pertenecen a los investigados, sino a una masa de más de 100 abogados, clientes, socios y compradores de preventa que adquirieron sus derechos legítimamente a una constructora con más de 20 años de trayectoria en el país.
«Al ignorar los contratos y preventas en primera instancia, violaron el principio constitucional de la buena fe. El hecho de que en etapas posteriores las autoridades se dieran cuenta de que tenían que devolver ese 85% de lo incautado, demuestra que toda la matriz del caso estaba inflada con mentiras y pruebas montadas», denunció.
Radiografía del horror procesal: 15 irregularidades insubsanables
Brandt Ulloa enumeró de forma contundente las aberraciones que convierten este expediente en un «cascarón vacío» y una aberración jurídica:
- Indefensión prolongada: No se permitió la designación de abogados de confianza sino después de 3 años y 1 mes de detención.
- Secuestro del tiempo procesal: Una audiencia preliminar que debió fijarse a los 45 días, se ejecutó 2 años y 6 meses después. En total, se han violado todos los lapsos procesales durante 3 años y un mes.
- Censura en estrados: En la audiencia preliminar no se permitió declarar a los imputados; sólo se les otorgó un máximo de 2 minutos para hablar.
- Indefensión documental: Lo dicho en esos 2 minutos no se plasmó en informes ni fue firmado en la preliminar.
- Saltos procesales: A varios ciudadanos se les privó de la audiencia preliminar, enviándolos a juicio directo sin cumplir las fases de ley.
- Expediente secreto: Se ha negado la copia del expediente durante 3 años y 3 meses. Actualmente, solo permiten leer un expediente de más de 10.000 páginas en lapsos restringidos de 15 a 30 minutos, únicamente cuando el tribunal desea dar despacho.
- Ausencia de pruebas: Lo poco que se ha logrado revisar del expediente contiene únicamente narrativas e hipótesis, no pruebas técnicas ni científicas.
- Allanamientos ilegales: Las actas de allanamiento carecen de las firmas de quienes los ejecutaron y no especifican los bienes movibles incautados.
- Páginas en blanco: Múltiples folios del expediente carecen de la firma del Juez y de los fiscales; son sábanas firmadas en blanco.
- Sin Acta de Inicio: El expediente no cuenta con el Acta de Inicio de Investigación exigida por los artículos 265 y 282 del COPP. Se desconoce la «notitia criminis» y quién ordenó el procedimiento.
- Sin investigación previa: No existió ninguna fase preparatoria antes de proceder a las capturas.
- Detención bajo engaño: No existían órdenes de aprehensión ni flagrancia. Las detenciones se camuflaron bajo la figura policial de «queremos hacerle unas preguntas» para evadir el control judicial (Violación del Art. 44 CRBV).
- Despojo patrimonial: Se despojaron todos los bienes de la empresa constructora antes de iniciarse el debate penal, violando la prohibición de confiscación (Art. 116 CRBV).
- Extinción ciega: Se avanzó a «paso de vencedores» con la extinción de dominio (llegando a casación y al Tribunal Supremo de Justicia) mientras el proceso penal, que es el que debe determinar si existió delito, apenas está iniciando.
La ruta jurídica: Nulidad absoluta ante el TSJ
Frente a este escenario de tierra arrasada constitucional, Brandt Ulloa respaldó la estrategia de la defensa técnica, la cual ya ha escalado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante la solicitud de Nulidad Absoluta amparada en los artículos 174 y 175 del COPP, invocando la doctrina del «fruto del árbol envenenado».
«Si el proceso penal nace podrido, todo lo que derive de él, incluida la extinción de dominio, es completamente nulo. El abogado defensor tiene documentadas entre 30 y 40 nulidades flagrantes que el TSJ está obligado a revisar si se quiere mantener un mínimo de seguridad jurídica en el país», explicó.
Finalmente, el líder de Vente Venezuela envió un mensaje de solidaridad y firmeza a los afectados y sus familias: «Fuerza, hermanos Perdomo. Tienen los pelos de la burra en la mano con las fechas, las cronologías y los títulos de propiedad históricos. Esta ya no es una persecución individual; es un escándalo de desbocamiento judicial donde más de 100 afectados reclaman lo suyo. El TSJ no puede ignorar el reclamo de una masa de ciudadanos que demuestran, con documentos en mano, la transparencia de su patrimonio».
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