*** El activista enfatizó que bajo ninguna circunstancia se puede prohibir el ingreso o la distribución de asistencia humanitaria a los ciudadanos que se encuentran en un estado crítico de vulnerabilidad.
(Kathiuska Francis Marín).- El defensor de los derechos humanos, José Martínez, calificó de «indignante» el comportamiento del gobierno interino y de la Fuerza Armada Nacional tras los dos devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, afectando gravemente a localidades de La Guaira, Caracas, Falcón (Chichiriviche) y otras regiones del territorio nacional.
De acuerdo con Martínez, las acciones de las autoridades civiles y militares vulneran flagrantemente el derecho a la vida y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales gozan de rango constitucional según lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República.
El activista enfatizó que bajo ninguna circunstancia se puede prohibir el ingreso o la distribución de asistencia humanitaria a los ciudadanos que se encuentran en un estado crítico de vulnerabilidad.
«El gobierno interino está cometiendo delitos de lesa humanidad consagrados tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados sobre derechos humanos firmados por la República con instituciones internacionales», aseveró Martínez, haciendo hincapié en que la obstrucción de la ayuda profundiza la crisis en las zonas de desastre.
Exigencia a los Poderes Públicos y llamado a la unidad
Frente al panorama de emergencia, el defensor sectorial extendió un exhorto urgente a los órganos de justicia del país como el Fiscal General de la República y a la Defensora del Pueblo para que actúen de oficio y sancionen con todo el peso de la ley a los funcionarios de los organismos de seguridad del Estado implicados en presuntos robos en viviendas afectadas, así como a aquellos que impidan el libre tránsito de los insumos de asistencia, así como a la ciudadanía en general a mantener la unidad nacional y a dar continuidad a la organización de los centros de acopio independientes, calificando la prohibición de estos espacios como una violación constitucional.
Para concluir, Martínez vinculó la deficiente gestión de la catástrofe actual con una crisis estructural preexistente. «El colapso institucional, la destrucción del aparato productivo y la corrupción generalizada explican por qué Venezuela se convirtió en un ejemplo de libro de texto sobre cómo fracasa un país. Hoy, más que nunca, vamos todos unidos en defensa de nuestros derechos; Venezuela nos necesita», puntualizó.
