Abg. Alí Rivas
Denuncian desalojo arbitrario y detención
de dos ciudadanos en el sector Quebrada

*** El abogado Alí Rivas denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de Seguridad Ciudadana actuaron al margen de la ley, violando el derecho de permanencia de las víctimas tras 26 años de ocupación pacífica.
(Kathiuska Francis Marín).– El abogado Alí Rivas, en representación judicial de los ciudadanos Adruel Quintero y Freddy Quintero, denunció públicamente el desalojo arbitrario y la detención ilegal de sus defendidos, ejecutada este miércoles 1 de julio por comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB – Rurales del Toreño) y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado Barinas.
El profesional del derecho calificó la actuación como una «flagrante violación al orden constitucional y a los derechos agrarios», explicando que los afectados han ocupado de manera pacífica e ininterrumpida por más de 26 años un predio rural ubicado en el sector Quebrada Seca (kilómetro 12 de la Vía del Toreño).
Actualmente, la familia Quintero se encontraba tramitando la prescripción adquisitiva del bien ante la Sindicatura Municipal y el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU).
Según detalló el jurista, las víctimas habían sido citadas por el organismo de Seguridad Ciudadana para el pasado 30 de junio a las 11:00 a.m., sin embargo, al asistir acompañados de su defensa, la sede se encontraba cerrada debido al feriado por el Día de Barinas y las condiciones climáticas (lluvias), hecho que quedó registrado en video.
«Hoy, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, se presentó una comisión de Seguridad Ciudadana y de la PNB de forma violenta. Increparon a mis representados, les confiscaron sus teléfonos celulares y se los llevaron detenidos a la sede del Toreño, manteniéndolos incomunicados hasta las 3:00 de la tarde», denunció Rivas.
El abogado penalista alertó que, mientras los ciudadanos Quintero permanecían retenidos ilegalmente, las autoridades aprovecharon para ingresar al inmueble a terceras personas, basándose en un presunto documento notariado de fecha 30 de agosto de 2005. «Se trata de un documento que ni siquiera está debidamente protocolizado ante el Registro Público y presumimos que es falso», aseveró.
Violación de protocolos jurídicos y de la Ley Agraria
Rivas enfatizó que la actuación de Seguridad Ciudadana omitió de forma deliberada los protocolos de mediación y mesas de diálogo establecidos por la ley para estos casos.
Asimismo, recordó el marco legal que ampara a sus defendidos, primero el derecho de permanencia, al tratarse de tierras presuntamente pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras (INTI), el artículo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario estipula que toda persona con más de un año de ocupación pacífica en un predio rural goza de derecho de permanencia.
Segundo la incompetencia administrativa, por lo que el jurista aclaró que ningún cuerpo de seguridad ni organismo administrativo tiene la facultad jurídica para ejecutar un desalojo forzoso por las vías de hecho. «Esa es una competencia única y exclusiva de los tribunales civiles de la República», sentenció.
El abogado Alí Rivas anunció que elevará esta denuncia formalmente ante las instancias nacionales competentes para que este atropello no quede impune.
Finalmente, hizo un exhorto directo al director del organismo: «Hacemos un llamado enérgico al General Cacioppo para que interceda, tome acciones inmediatas y asuma las responsabilidades pertinentes ante el pésimo y desmedido accionar de sus funcionarios, quienes actuaron totalmente al margen de la ley».
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