*** Destacan los vecinos de esa comunidad que estas obras representan un riesgo inminente para la seguridad e integridad física de la comunidad, ya que se están ejecutando directamente sobre el trazado por donde transitan las tuberías principales de gas doméstico.
*** Cualquier modificación del uso de suelo requiere la aprobación del concejo municipal, planificación urbana de la alcaldía y el consentimiento de la comunidad organizada (Consejos Comunales), algo que no se otorga para poner en riesgo la seguridad pública.
(Kathiuska Francis Marín).- Habitantes de la urbanización Ciudad Tavacare, específicamente del Sector A, Terraza 1 (zona de la parada El Guayabo), emiten un alerta y denuncia pública ante la grave situación de irregularidades urbanísticas que se vienen registrando en la comunidad.
Los voceros del sector denuncian que en áreas verdes comunes se están realizando construcciones no autorizadas, específicamente para la instalación de un establecimiento comercial, en este caso una panadería.
Destacan los vecinos de esa comunidad que estas obras representan un riesgo inminente para la seguridad e integridad física de la comunidad, ya que se están ejecutando directamente sobre el trazado por donde transitan las tuberías principales de gas doméstico.
A pesar de los reiterados intentos de comunicación por parte de los afectados con el equipo técnico del Instituto de Hábitat y Vivienda (IAVEC), incluyendo reportes directos al arquitecto encargado de la zona, los vecinos aseguran no haber recibido respuesta, inspección ni presencia de las autoridades competentes para frenar el inicio de las obras.
«Hoy mismo comenzaron a construir sobre la línea de gas. Son áreas verdes que nos pertenecen a todos y no es posible que personas particulares, incluyendo habitantes de plantas bajas, se pretendan adueñarse de espacios públicos de manera arbitraria y bajo total impunidad», expresaron representantes de la comunidad.
Exigencia de intervención inmediata
Ante la omisión del IAVEC y el peligro latente que representan estas construcciones irregulares, la comunidad de la Terraza 1 exige la pronta intervención del Gobernador del Estado Barinas, profesor Adán Coromoto Chávez Frías para que ordene una inspección técnica inmediata en el Sector A, Terraza 1, específicamente en la “Parada El Guayabo”, además de que ordene la paralización y la demolición de forma preventiva cualquier obra sobre áreas verdes y servicios esenciales, así mismo, debe garantizar a los vecinos el respeto a la normativa comunal y la protección de las redes de gas público.
Los habitantes hacen un llamado de urgencia para evitar que continúe la ocupación ilegal de los espacios colectivos y se ponga en riesgo la vida de las familias que allí residen, pues construir en esas condiciones vulnera múltiples normativas de ordenamiento urbano, seguridad industrial y legislación ambiental en Venezuela.
Entre esas normativas está el riesgo crítico de seguridad (Prohibición Técnica), las cuales están basadas en que la servidumbre de paso e infraestructura de gas doméstico o comercial cuentan con una franja de seguridad o servidumbre vial delimitada por ley. Está estrictamente prohibido levantar cimientos, paredes o estructuras fijas sobre ellas, ya que la compresión del terreno, las excavaciones o el peso constructivo pueden fracturar los tubos, generando fugas masivas con alto riesgo de explosión o incendio.
Además, una panadería requiere hornos e instalaciones eléctricas o de combustión de alta potencia y colocar una fuente de calor continuo e ignición directamente sobre un trazado de tuberías de gas multiplica exponencialmente el peligro para toda la terraza.
Finalmente, la violación del uso de suelo o áreas verdes, en cuanto a zonificación, las mismas al ser comunitarias son bienes de dominio público o común y su uso está destinado exclusivamente a la recreación, paisajismo, conservación ambiental o esparcimiento de la comunidad, así mismo, un particular no puede apropiarse ni «privatizar» un área verde para un comercio personal.
Cualquier modificación del uso de suelo requiere la aprobación del concejo municipal, planificación urbana de la alcaldía y el consentimiento de la comunidad organizada (Consejos Comunales), algo que no se otorga para poner en riesgo la seguridad pública.
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