*** El defensor de DDHH responsabiliza a la directiva de la estatal eléctrica por la parálisis institucional, la crisis energética y los daños irreparables a las familias en todo el país.
(Kathiuska Francis Marín).- En el marco del décimo noveno aniversario de la creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el abogado y defensor de los derechos humanos, José Gregorio Martínez, emitió un contundente pronunciamiento en el que denunció el colapso absoluto del servicio eléctrico en el país, asegurando que la estatal se convirtió en una «caja chica» para el beneficio personal de su directiva, a costa de torturar al pueblo venezolano con apagones prolongados.
Martínez enfatizó que, en una nación con un verdadero Estado de Derecho, la alta directiva de la corporación —junto a sus allegados e intermediarios— estarían enfrentando severas penas de cárcel por enriquecimiento ilícito. A su juicio, este delito ha permanecido impune durante casi dos décadas debido a la total falta de ética e institucionalidad en el país.
«Le recuerdo a la Presidenta Interina Inconstitucional que no es culpa de los dos terremotos la oscuridad de 5, 7 y hasta 8 horas diarias que padece el pueblo venezolano. Los venezolanos exigimos que se respeten nuestros derechos constitucionales y se restablezca de manera inmediata el Sistema Eléctrico Nacional», aseveró tajantemente el jurista.
El defensor de derechos humanos alertó sobre el costo incalculable que esta crisis ha tenido en vidas humanas. Martínez argumentó que miles de ciudadanos han visto socavada gravemente su calidad de vida y salud integral debido a las tandas indiscriminadas de racionamiento, afectando directamente a ancianos en estado crítico, niños y enfermos dependientes de equipos médicos o nebulizadores.
Para finalizar, el abogado José Gregorio Martínez hizo un llamado urgente y rotundo al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia para que cumplan con su deber constitucional de administrar justicia de forma imparcial. Exigió investigar a fondo el patrimonio de las autoridades del sector eléctrico y aplicar sanciones penales ejemplares contra quienes destruyeron la infraestructura energética de la nación.
