*** El colapso de los servicios públicos mantiene a los trabajadores y a las familias en un estado de zozobra permanente al llegar a sus hogares sin saber si podrán cocinar, estudiar o descansar con iluminación.
(Kathiuska Francis Marín).- La severa inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional golpeó con dureza al occidente del país el pasado martes 8 de septiembre, cuando alrededor de las 7:18 de la noche una fuerte fluctuación de voltaje sacudió a los estados Zulia, Táchira, Mérida, Barinas y Trujillo, derivando en apagones y cortes totales en múltiples comunidades mientras Corpoelec guardaba silencio sin emitir balances oficiales.
Esta nueva crisis energética agudizó el descontento social, particularmente en la población de Capitanejo, estado Barinas, donde los habitantes decidieron cerrar la Troncal 5 y levantar barricadas en el puente sobre el río Capitanejo.
La protesta se originó tras cumplirse más de 18 horas consecutivas sin servicio eléctrico, una medida de presión extrema adoptada para exigir respuestas inmediatas ante una falla prolongada que paralizó la vida diaria y comercial de la zona.
La interrupción del paso vehicular en la Troncal 5 generó un fuerte impacto en el tránsito de vehículos particulares y de carga pesada, al tratarse de una arteria vial estratégica que comunica directamente los estados Barinas y Táchira. Los manifestantes denunciaron que los prolongados cortes de energía ocasionan pérdidas económicas incalculables, dañan los electrodomésticos y sumergen a los hogares en una situación insostenible.
El colapso de los servicios públicos mantiene a los trabajadores y a las familias en un estado de zozobra permanente al llegar a sus hogares sin saber si podrán cocinar, estudiar o descansar con iluminación.
En las calles y redes sociales se repitió con fuerza la exigencia ciudadana de que «ya no se aguanta» esta realidad, mientras la memoria colectiva recuerda los estándares de calidad y confianza que antaño garantizaba CADAFE, evidenciando el drástico deterioro de un servicio esencial transformado en una lotería diaria.
Ante este panorama, la interrogante que persiste en el occidente venezolano apunta a la urgente necesidad de establecer mantenimiento real, inversión sostenida y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.
La ciudadanía reiteró que el suministro eléctrico no debe ser tratado como un privilegio inalcanzable, sino como un derecho humano fundamental que garantice la estabilidad y la calidad de vida en Venezuela.
