*** Según el testimonio grabado, la tarifa impuesta se desglosa en 200 dólares supuestamente destinados al «mantenimiento del vehículo» (aceite, filtros y repuestos) y 80 dólares para los «viáticos y logística» del chofer, sumado a la exigencia de cubrir el tanque de combustible con 150 litros de gasolina.
(Kathiuska Francis Marín).- Vecinos y familiares del municipio Rojas alzan su voz para denunciar de manera pública un grave hecho de abuso de poder y presunta corrupción que vulnera flagrantemente el derecho constitucional a la salud en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Don Esteban Terán, ubicado en la parroquia Libertad.
A través de un material audiovisual difundido de forma anónima, se evidencia cómo desde la coordinación de dicho centro asistencial se exige el pago de 280 dólares ($280) para autorizar el traslado de pacientes en la ambulancia del centro asistencial.
Según el testimonio grabado, la tarifa impuesta se desglosa en 200 dólares supuestamente destinados al «mantenimiento del vehículo» (aceite, filtros y repuestos) y 80 dólares para los «viáticos y logística» del chofer, sumado a la exigencia de cubrir el tanque de combustible con 150 litros de gasolina.
Esta práctica deja sin acceso al servicio a las familias de bajos recursos que enfrentan emergencias médicas, convirtiendo un bien público en un negocio privado inaccesible para los más vulnerables.
«La salud pública es un derecho constitucional, no un negocio. Si el enfermo es pobre y no tiene dinero, sencillamente lo dejan desamparado. Las ambulancias se recuperaron para estar al servicio del pueblo, no para que unos pocos se llenen los bolsillos a costa de la vida de los enfermos», manifestaron los denunciantes.
Ante la gravedad de los hechos, los habitantes de la comunidad hacen un llamado urgente e imperativo a Tito Mejías, Alcalde del Municipio Rojas, para que fije posición inmediata, no haga la vista gorda e intervenga el CDI a fin de frenar estos cobros arbitrarios, asimismo, a las autoridades de Salud del Estado Barinas, para que inicien una investigación exhaustiva e imparcial sobre la gestión y el cobro ilegal de servicios en la unidad médica, además de los organismos de control e investigación con el fin de determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
La comunidad exige el cese inmediato de estas irregularidades y exhorta a la ciudadanía a difundir esta denuncia hasta que se garantice el uso público, gratuito y digno del transporte asistencial de emergencia.
