*** El abogado y defensor de derechos humanos, José Martínez, señaló que la estatal eléctrica está incurriendo en una falta directa al Artículo 23 constitucional, al ignorar la progresividad de los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar servicios públicos eficientes.
(Kathiuska Francis Marín).- En una grave vulneración a los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales de Derechos Humanos, habitantes de la entidad barinesa denuncian la gestión del actual gerente de Corpoelec, el Ingeniero José de Jesús Altuna, por la falta de respuesta y el colapso del sistema de atención al ciudadano.
El abogado y defensor de derechos humanos, José Martínez, señaló que la estatal eléctrica está incurriendo en una falta directa al Artículo 23 constitucional, al ignorar la progresividad de los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar servicios públicos eficientes.
Uno de los puntos críticos de la denuncia es la absoluta inoperatividad de los números destinados a reportes de averías y atención de emergencias. Según los afectados, Corpoelec Barinas cuenta con múltiples líneas que, en la práctica, no ofrecen soluciones ni respuestas: reportes de averías: 0273-5420095, sala situacional: 0273-5465411 / 0273-5461422 y reclamos: 0273-5420797
«Estos números están de adorno. Violan el derecho del pueblo a estar comunicado y recibir una respuesta satisfactoria ante las fallas. Es una burla a la dignidad de los barineses», enfatizó Martínez.
Domingo de Ramos a oscuras
La situación alcanzó un punto crítico el pasado fin de semana en el sector Alto Barinas Sur, específicamente en la comunidad de Montecristo. Desde las 10:00 p.m. del sábado hasta las 9:43 a.m. del Domingo de Ramos, los habitantes permanecieron sin suministro eléctrico durante más de 12 horas.
A pesar de que el servicio de agua funcionaba con normalidad —lo que indica una falla interna específica del circuito y no un racionamiento general—, las cuadrillas de Corpoelec nunca atendieron el llamado, dejando a cientos de familias desasistidas durante la madrugada.
Exigencia a la Defensoría del Pueblo
Ante lo que consideran un atropello continuado, el abogado José Martínez hizo un llamado urgente al Defensor del Pueblo para que tome cartas en el asunto y sancione administrativamente a la gerencia de Corpoelec Barinas.
«Los derechos humanos se respetan. No podemos permitir que el sistema judicial y administrativo sea indiferente ante una gerencia que se esconde detrás de teléfonos que no suenan mientras el pueblo padece la desidia», concluyó el jurista, exigiendo el cese inmediato de las violaciones al bienestar de la colectividad.
