*** El activista por los derechos humanos señala que admitir el uso de documentación falsa desde 2004 convierte al tren institucional del gobierno en coautor, por acción u omisión, de delitos de delincuencia organizada y traición a la patria.
(Kathiuska Francis Marín).-Tras las recientes declaraciones emitidas por un representante del gobierno interino inconstitucional, en las cuales se afirmó que el ciudadano de origen colombiano Alex Saab hizo uso de una cédula de identidad venezolana falsa desde el año 2004, las alarmas jurídicas e institucionales se han encendido en el país.
El defensor de los derechos humanos, José Martínez, advirtió sobre la extrema gravedad de esta aseveración, señalando que, de confirmarse este hecho, se establecería una corresponsabilidad directa, por acción u omisión, de todos los funcionarios gubernamentales que han ejercido funciones desde el 2004 hasta la presente fecha.
Martínez recordó de forma categórica que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece con firmeza que ningún ciudadano extranjero puede optar a cargos dentro de la carrera diplomática para representar los intereses del Estado. La legislación nacional exige taxativamente la nacionalidad venezolana como un requisito indispensable e irrenunciable para ingresar al Servicio Exterior de Venezuela y formar parte del funcionario diplomático de la nación. En este sentido, denunció que el régimen totalitario que gobierna Venezuela desde 1999 ha violado sistemáticamente los principios constitucionales, cometiendo presuntamente delitos graves tipificados como traición a la patria, asociación para delinquir, malversación de fondos y agavillamiento.
«La administración de justicia en Venezuela tiene que ejercerse estrictamente de acuerdo con el artículo 253 de nuestra Carta Magna. Asimismo, el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es implacable: quienes formen parte de un grupo de delincuencia organizada serán penados con prisión de seis a diez años por el solo hecho de la asociación. La delincuencia organizada abarca todo acto intencionado que perjudique gravemente a la población y al Estado», enfatizó Martínez.
El defensor de derechos humanos desglosó el severo impacto socioeconómico de los presuntos crímenes cometidos por Alex Saab en detrimento de la nación. Destacó que, previo a su detención en Cabo Verde, Saab concretó un negocio multimillonario por el orden de los 250 millones de dólares con el gobierno de México destinado a la compra de agua potable y camiones cisterna, «actuando de manera incomprensible como si en Venezuela no existieran ríos».
Martínez aseveró que estos inmensos recursos financieros debieron ser invertidos en la golpeada infraestructura de las plantas hidroeléctricas, hospitales y el sistema educativo, lo que habría evitado que el país padeciera la severa crisis de apagones que hoy lo mantiene a oscuras.
Asimismo, el activista catalogó como un crimen de lesa humanidad la adquisición, en representación del Estado venezolano, de alimentos en avanzado estado de descomposición destinados a las cajas y bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Ante este escenario de desfalco y afectación social, Martínez puntualizó que las máximas autoridades de las instituciones públicas —incluyendo a los diputados de la Asamblea Nacional, el Procurador General de la República, el Fiscal General y el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)— son plenamente corresponsables de los delitos perpetrados contra la nación.
Para finalizar, Martínez trajo a colación otra flagrante violación a la soberanía territorial consagrada en los artículos 12 y 13 constitucionales: la presunta donación de un millón de hectáreas de tierra venezolana a la República Islámica de Irán, un hecho que, insistió, «no se puede olvidar ni dejar pasar impune». Frente a este panorama de desmantelamiento institucional, el vocero hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a los factores políticos del país:
«Los venezolanos exigimos el nombramiento inmediato de nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la urgente convocatoria a elecciones libres y transparentes. Este es el único camino institucional válido para legitimar todos los poderes públicos, recuperar de manera definitiva el Estado de derecho y dar inicio formal a la reconstrucción integral de nuestra amada Venezuela. ¡Vamos unidos hasta el final!», concluyó.
