La mesoterapeuta venezolana Yanin Pernía, presa política desde 2018 y condenada a 30 años, habría sido violada por 30 custodios de la Dgcim, según denunció su suegra
(Caracas, may 20/ EP).- La historia de Yanin Fabiana Pernía Coronel es una herida abierta que aún está sangrando. Lleva casi ocho años detenida y, aunque su nombre aparece en informes de derechos humanos y expedientes judiciales, detrás de cada línea hay una mujer que ha sobrevivido a niveles extremos de violencia y silencio.
Su caso volvió a estremecer al país la noche del 19 de mayo, cuando su suegra —una mujer mayor que también carga con la prisión de su propio hijo— reveló que la detenida habría sido violada por 30 custodios mientras estuvo bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un episodio que, según relató, dejó secuelas físicas y psicológicas profundas. El ultraje habría incluido el uso del arma de reglamento de uno de los funcionarios.
“Para ella no hay excarcelación”, dijo con la voz quebrada en un video que publicó la periodista Maryorín Méndez. La mujer pasa sus días y noches a las afueras de El Rodeo I, esperando noticias de su hijo José Miguel, pareja de Yanin, también preso. Desde allí, entre el cansancio y la desesperación, decidió contar lo que sabe y lo que teme que siga ocurriendo.
En medio de su angustia espera que su hijo José Miguel y Yanin Fabiana estén en la lista de los 300 presos políticos serán liberados, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Una vida marcada por la violencia del Estado
Yanin Fabiana Pernía Coronel es mesoterapeuta. Desde 2018 su nombre quedó ligado al caso del atentado con drones contra Nicolás Maduro. Fue detenida el mismo día del incidente, el 4 de agosto, cuando pasaba por un punto de control militar en Barinas. Desde entonces, su vida se convirtió en un recorrido por centros de reclusión, interrogatorios y torturas documentadas por organizaciones nacionales e internacionales.
Durante su desaparición forzada de una semana, estuvo bajo custodia de la Dgcim y el Sebin. Allí, según denuncias, fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, sumergida en agua, expuesta a bajas temperaturas sin ropa y víctima de aplastamiento de uñas. La defensora de derechos humanos Tamara Sujú llevó su caso ante la Corte Penal Internacional.
