El Observatorio Venezolano de Prisiones documentó 181 muertes bajo custodia estatal durante 2025. La mayoría de los fallecimientos estuvieron asociados a problemas de salud y falta de atención médica. La organización alertó sobre condiciones deficientes en cárceles y centros de detención
(Caracas, jun 2/VF).- Un total de 181 personas privadas de libertad fallecieron durante 2025 en cárceles y centros de detención preventiva del país, según el más reciente informe anual presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización que advirtió sobre un incremento significativo de estos casos en comparación con el año anterior.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de los decesos ocurrieron dentro de establecimientos penitenciarios, mientras que otra parte fue registrada en calabozos policiales. La organización sostuvo que gran parte de las muertes estuvieron vinculadas a enfermedades que no recibieron atención oportuna, así como a fallas persistentes en el acceso a servicios médicos, medicamentos y tratamientos especializados.
El observatorio señaló que los reclusos enfrentan dificultades para recibir consultas, exámenes diagnósticos y seguimiento de patologías preexistentes, situación que se agrava por las limitaciones de infraestructura y recursos dentro de los recintos de reclusión. Entre las causas de fallecimiento se encuentran afecciones respiratorias, cardiovasculares y complicaciones derivadas de enfermedades crónicas.
La organización también documentó denuncias de familiares relacionadas con retrasos en los traslados hospitalarios, restricciones para la entrega de medicamentos y dificultades para garantizar una alimentación adecuada y el acceso regular al agua potable dentro de los centros penitenciarios.
Durante la presentación del informe, representantes del OVP manifestaron preocupación por las condiciones de reclusión y reiteraron denuncias sobre presuntos tratos crueles, degradantes e inhumanos en distintos establecimientos penitenciarios del país. Asimismo, alertaron sobre la necesidad de implementar políticas que permitan mejorar la atención integral de la población penitenciaria y reducir los riesgos asociados a enfermedades y emergencias médicas.
El informe también recordó que organizaciones de derechos humanos han mantenido seguimiento sobre casos de personas fallecidas bajo custodia estatal durante los últimos años, insistiendo en la necesidad de investigaciones transparentes y mecanismos que garanticen la protección de los derechos fundamentales de quienes permanecen privados de libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones exhortó a las autoridades competentes a fortalecer el sistema penitenciario, garantizar el acceso efectivo a la salud y atender las deficiencias estructurales que, según la organización, continúan afectando las condiciones de vida dentro de los centros de reclusión del país.
