Rocha argumenta que los tratados internacionales de derechos humanos, una vez incorporados y ratificados, forman parte del ordenamiento jurídico interno y gozan de progresividad e inalienabilidad, por lo que las autoridades no pueden retirarlos ni desconocer su eficacia
(Caracas, jul 27/EN).- Perkins Rocha afirmó que la decisión del gobierno interino de denunciar el Estatuto de Roma no tendrá efectos sobre la investigación que mantiene abierta la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que esa medida es incompatible con el ordenamiento constitucional del país.
Durante una entrevista con el periodista Napoleón Bravo, el abogado aseguró que el intento de apartarse de la jurisdicción de la CPI ocurre cuando el proceso ya está en marcha y comparó esa actuación con la de un acusado que desconoce la autoridad del tribunal durante un juicio.
En ese sentido, señaló que la iniciativa “significa que el sujeto ’sub iudice’, es decir, quien está siendo encausado, después de varios años donde trató de defenderse y alegar, ahora niega de la naturaleza jurídica y de la validez del tribunal. Es como si una persona en pleno juicio empieza a desconocer al juicio, al juez, al tribunal, y quiere simplemente apartarse de su jurisdicción, lo cual sería un precedente muy terrible. Eso deberías hacerlo previamente al juicio o posteriormente al juicio. Más allá de las razones que indican, jurídicas, que tal decisión en el caso de Venezuela es de imposible ejecutoria, que son razones netamente de orden constitucional”.
Rocha asegura que la investigación internacional es irreversible y constitucionalmente válida y sostuvo que la investigación continuará porque, a su juicio, la Constitución venezolana impide que los tratados internacionales sobre derechos humanos, una vez incorporados al ordenamiento jurídico interno, puedan ser desconocidos por decisión de las autoridades.
