*** A pesar del desplante de la Inspectoría del Trabajo en Barinas, los líderes gremiales aseguraron que la lucha no se detiene. «Nuestra fuerza es la presencia en la calle. No vamos a renunciar a un sueldo que dignifique nuestra labor académica y administrativa», sentenciaron.
(Kathiuska Francis Marín).– En una jornada marcada por la movilización nacional de la clase trabajadora, la Intergremial Universitaria del estado Barinas marchó este 26 de febrero hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo, sin embargo, los dirigentes denunciaron que, tras alcanzar el destino de la movilización, la autoridad laboral de la Inspectoría del Trabajo, se negó a recibir el pliego de peticiones donde se exige un salario digno y el respeto a la Constitución.
El Prof. Genry Becerra, presidente de la Asociación de Profesores de la UNELLEZ (APUNELLEZ Seccional Barinas), informó que la marcha transcurrió con determinación hasta las puertas de la institución, no obstante, al intentar formalizar la entrega, se encontraron con una barrera burocrática.
«Logramos entrar a las instalaciones de la Inspectoría, pero los empleados no aceptaron el pliego de exigencias. Se conformó una comisión de damas para facilitar la entrega, pero la Inspectora del Trabajo se negó a salir para recibir el documento, ignorando el clamor de los trabajadores universitarios», denunció Becerra.
Junior Abreu: Se exige un salario de 500 dólares
Por su parte, el Prof. Junior Abreu, presidente de APUNELLEZ Principal, enfatizó que esta actividad forma parte de una agenda nacional de un sector severamente golpeado por políticas que han pulverizado el poder adquisitivo.
Abreu destacó que el petitorio entregado (y rechazado por la autoridad) detalla la urgencia de un decreto presidencial que ajuste los sueldos a la realidad económica del país, entre ellas; la exigencia central, un salario mínimo base superior a los 500 dólares mensuales, conforme a la Canasta Básica, segundo una denuncia jurídica, en cuanto al secuestro del salario en Venezuela, sumando casi cuatro años sin un ajuste real que garantice calidad de vida, y finalmente la violación constitucional, es decir, el incumplimiento sistemático del artículo 91 de la Constitución Nacional.
Unidad frente a la regresión laboral
La dirigencia intergremial calificó como «políticas regresivas» las acciones del Ejecutivo Nacional, señalando que la devaluación y la bonificación del salario han precarizado la existencia de profesores, empleados y obreros.
A pesar del desplante de la Inspectoría del Trabajo en Barinas, los líderes gremiales aseguraron que la lucha no se detiene. «Nuestra fuerza es la presencia en la calle. No vamos a renunciar a un sueldo que dignifique nuestra labor académica y administrativa», sentenciaron.
