*** Ante este recrudecimiento del sufrimiento familiar, la sociedad civil organizada y los defensores de las víctimas formulan una pregunta incómoda pero urgente a la comunidad internacional: ¿Dónde están los mecanismos de protección global?
Por:Kathiuska Francis Marín
«Nadie tuvo la decencia de informarles que su hijo llevaba más de 10 meses muerto». La demoledora frase resume una de las facetas más crueles de la crisis de derechos humanos en Venezuela: el calvario de las madres que desgastan su salud, su fe y sus vidas en las afueras de los centros de reclusión, convirtiéndose en víctimas colaterales de un sistema penal implacable.
En los últimos seis meses, el luto ha golpeado por partida doble a las familias de los presos políticos en el país. Cinco madres venezolanas han fallecido de forma consecutiva sin lograr ver en libertad a sus hijos, ni recibir respuestas oportunas por parte del sistema de justicia. Sus muertes no solo representan pérdidas irreparables para sus entornos, sino que desnudan el patrón de desatención, opacidad institucional y daño psicológico continuado al que son sometidos los familiares de los detenidos.
El mapa del dolor: Cinco historias, un mismo desenlace
La lista de estas madres de caídos y prisioneros evidencia que el desgaste físico y emocional actúa como un detonante fulminante en cuerpos ya vulnerables:
• Jenny Barrios: Paciente oncológica y madre de Diego Cisralta. Su lucha contra el cáncer se vio saboteada por la urgencia de la denuncia; postergó su propia batalla por la supervivencia al verse obligada a permanecer largas jornadas a las puertas de un centro de detención, esperando noticias que mitigaran su angustia.
• Yareli Salas: Madre de Kevin Orozco. Consumida por la desesperación crónica, el estrés del asedio judicial y el eco de sus propias súplicas desatendidas, su cuerpo colapsó tras sufrir un infarto fulminante.
• Omaira Navas: Madre del periodista Ramón Centeno. Falleció poco después de protagonizar desgarradores llamados públicos pidiendo clemencia por la salud de su hijo. A la señora Omaira se le impidió el derecho elemental de cuidar a Ramón en momentos en que este no podía caminar y requería urgentemente una intervención quirúrgica.
• Carmen Dávila: A sus 90 años, la madre de Jorge Llepiz Cadávera se despidió de este mundo en condiciones críticas. El anhelado abrazo de su hijo llegó demasiado tarde: únicamente cuando ya se encontraba bajo sedación profunda y conectada a un respirador artificial en su lecho de muerte.
• Carmen Teresa Navas: Madre de Víctor Hugo Queronavas. Su deceso ocurrió apenas 10 días después de presenciar la exhumación del cuerpo de su hijo. Su caso conmovió las redes sociales al revelarse que fue obligada a peregrinar ciegamente por 21 centros de tortura, 13 sedes de la misión militar, una morgue y dos tribunales, buscando a un hijo que había sido detenido bajo el único argumento de poseer «rasgos físicos extranjeros». Nadie se apiadó de sus 82 años de edad para informarle a tiempo que su hijo llevaba más de 10 meses fallecido.
Responsabilidades políticas y el colapso del Estado de Derecho
Defensores de derechos humanos y organizaciones civiles coinciden en que estas muertes no pueden catalogarse como decesos fortuitos; por el contrario, señalan una línea directa de responsabilidad institucional por omisión de socorro, trato cruel y denegación de justicia.
El ecosistema institucional que convalida estas prácticas está encabezado por figuras de la administración pública y los poderes del Estado, entre los que se señala a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Alfredo Ruiz, Julio García Cerpa, Alexander Martínez Endesa, Larry Devoe y Egleé González.
La denuncia internacional apunta a que este aparato gubernamental, lejos de garantizar los preceptos básicos de la Constitución, ejecuta una violación sistemática del Estado de Derecho.
A la fecha, las estadísticas de la represión en Venezuela siguen siendo alarmantes: Presos políticos actuales (estimado bajo custodia) 500 personas que padecen y sufren por esta situación injusta de este gobierno que se cree «todopoderoso».
Ante este recrudecimiento del sufrimiento familiar, la sociedad civil organizada y los defensores de las víctimas formulan una pregunta incómoda pero urgente a la comunidad internacional: ¿Dónde están los mecanismos de protección global?
El llamado de auxilio va dirigido con insistencia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los familiares de las víctimas cuestionan qué otros límites deben cruzarse para que estos organismos actúen con la contundencia que exigen los tratados internacionales.
Mientras las instancias internacionales deliberan, decenas de familias venezolanas continúan amaneciendo en las aceras de los centros de reclusión, desafiando el deterioro de su propia salud a cambio de un trozo de papel o una mirada que les confirme que sus hijos siguen con vida.
La conclusión del clamor social es unánime: antes de cualquier proceso de reconciliación o peticiones de perdón, la nación merece una administración de justicia real, transparente y oportuna.
